Tribunales

Reabren la investigación: la rutinaria muerte de una nonagenaria en A Coruña coincide con un permiso penitenciario

Remedios Sánchez, cuando fue detenida por los crímenes de 2006, en una captura de vídeo de los Mossos.

 

La Policía Nacional examina un posible nuevo crimen de la condenada por asesinatos de ancianas Remedios Sánchez Sánchez mientras cumplía un permiso en Galicia.


La procuración judicial ha decidido reactivar una investigación abierta tras el fallecimiento de una mujer de 91 años en su domicilio de la avenida de Monelos, en A Coruña, ocurrido el pasado 3 de octubre. El caso reviste especial gravedad porque, en el momento del deceso, la interna de la cárcel de Teixeiro estaba cumpliendo uno de sus permisos ordinarios. Las sospechas apuntan a que el fallecimiento, inicialmente atribuido a causas naturales, podría estar vinculado a la delincuente condenada hace casi dos décadas por crímenes similares en Cataluña. 

La sospecha

Según fuentes judiciales, la víctima fue encontrada en su baño con un gorro de ducha cubriendo el rostro, circunstancia que en principio se atribuyó a una caída doméstica. Sin embargo, tras la petición de la familia y la visualización de imágenes de seguridad, el juzgado de instrucción 6 de A Coruña ordenó la autopsia forense. El informe preliminar detectó signos compatibles con asfixia y fracturas costales, lo que llevó al cambio de consideración del caso hacia la hipótesis de homicidio. 

En paralelo, la Policía Científica recuperó una huella dactilar en el lugar de los hechos que coincide con la interna de la prisión, lo que aceleró la actuación policial. La detención de Sánchez se produjo el 8 de octubre en el módulo de lavandería de la prisión de Teixeiro, tras su regreso del permiso penitenciario. 

El antecedente

Sánchez, conocida popularmente como “La Reme”, fue condenada en 2008 por la Audiencia de Barcelona a 144 años de cárcel por el asesinato de tres mujeres mayores, y tentativas de asesinato de otras cinco, en Barcelona en junio-julio de 2006. En aquel momento, los crímenes se caracterizaron por la extrema violencia, la vulnerabilidad de las víctimas y el uso del engaño para acceder a los domicilios. 

El tribunal destacó que la procesada actuaba con “inaceptable crueldad” sobre víctimas de edad avanzada y sin capacidad de defensa, y no se le apreció enfermedad mental que justificara su comportamiento. 

Permisos penitenciarios bajo la lupa

El actual caso ha puesto sobre la mesa la forma en que se conceden permisos ordinarios a internos con sentencias de máxima gravedad. Sánchez había disfrutado de al menos cuatro salidas autorizadas de la prisión, durante las cuales estaba obligada a registrarse diariamente con las fuerzas de seguridad y residir en pisos tutelados de una entidad religiosa asociada a la cárcel. 

En el informe policial al que se remite el juzgado se reconstruyen los movimientos de la reclusa durante esos días de permiso, con el fin de establecer si existen más fallecimientos sin esclarecer que pudieran haber sido cometidos bajo la misma pauta. “Estamos revisando cada muerte no explicada en Galicia, en coincidencia con permisos de Sánchez”, indican las fuentes. 

Vida en prisión y perfil delictivo

En su estancia carcelaria, Sánchez se mantuvo aislada de familiares y de la mayoría de internas; no recibió visitas ni mantuvo contacto social significativo. Las funcionarias describen su conducta como “obsesiva con el orden y extremadamente reservada”. En Brians I, y más tarde en Teixeiro, desempeñó tareas de limpieza y reparto de alimentos, situándose en módulos de internas conflictivas, pero sin protagonizar incidentes disciplinarios. 

Implicaciones y retos jurídicos

La reactivación de esta investigación plantea varios desafíos. Por un lado, la posible relación entre permisos penitenciarios y delitos graves exige revisar los controles y protocolos de salida y vigilancia de internos con alta peligrosidad. Por otro, el caso cuestiona la capacidad de la cadena penal para prevenir la comisión de nuevos delitos mientras se está en cumplimiento de condena.

El juzgado mantiene el caso bajo secreto de sumario, y las fuerzas de seguridad recuerdan que “hasta que no se amplíen todas las diligencias, no se podrá afirmar una vinculación definitiva con otros fallecimientos”, como señalan fuentes policiales gallegas.