La escalada de violencia en las costas andaluzas suma un nuevo y grave episodio judicial. Una operación conjunta entre la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera ha culminado con la desarticulación de una red criminal y la detención de diez presuntos narcotraficantes que no dudaron en abrir fuego contra las autoridades durante una persecución en alta mar.
Las diligencias, que actualmente dirige el Juzgado Central de Instrucción de guardia de la Audiencia Nacional, recogen la incautación de casi 6.000 kilos de hachís (5.926 kg exactamente) y la intervención de dos embarcaciones de alta velocidad (narcolanchas).
Ataque armado en plena huida
Los hechos se desencadenaron la madrugada del 18 de agosto. Una patrullera del Servicio Marítimo Provincial de Huelva detectó una semirrígida sospechosa e inició su persecución. Viéndose acorralados, los ocupantes de la narcolancha comenzaron a arrojar la carga al mar y realizaron maniobras evasivas de extremo riesgo.
La situación alcanzó su punto crítico cuando los presuntos traficantes abrieron fuego contra la embarcación oficial. Los agentes repelieron la agresión con sus armas reglamentarias, pero una avería mecánica en la patrullera permitió que los atacantes lograran darse a la fuga temporalmente.
Nueve arrestos en el mar y un herido abandonado en tierra
Lejos de dar por cerrada la operación, se desplegó un amplio dispositivo de rastreo que dio sus frutos la mañana del 20 de agosto. Las fuerzas de seguridad localizaron la narcolancha fugada junto a una segunda embarcación que, presuntamente, había acudido a prestarle apoyo logístico. El abordaje simultáneo se saldó con el arresto de nueve individuos en ese mismo instante.
El décimo integrante de la red protagonizó la nota más cruda del atestado policial. El individuo, que había resultado herido por arma de fuego durante el intercambio de disparos inicial con la Guardia Civil, fue hallado más tarde en la costa de Cádiz. Había sido abandonado a su suerte por sus propios cómplices y tuvo que ser evacuado de urgencia al hospital de Puerto Real bajo custodia policial.
Este enfrentamiento armado reabre el debate sobre la creciente agresividad de los clanes de la droga que operan entre Huelva, Cádiz y el Guadalquivir. Diversas asociaciones judiciales y policiales llevan meses reclamando mayores medios materiales y jurídicos para hacer frente a unas organizaciones que han convertido el uso de armamento militar en una práctica habitual para defender sus alijos.
