España se rearma por vías discretas. El Gobierno de Pedro Sánchez, en minoría parlamentaria y con socios reticentes al aumento del gasto militar, ha aprobado compromisos de inversión en Defensa por más de 60.000 millones de euros desde 2018 mediante acuerdos en el Consejo de Ministros que, en la práctica, evitan el debate parlamentario. Para sortear el techo de gasto oficial del Ministerio de Defensa —estancado en torno a 14.000 millones de euros en los últimos años por la falta de nuevos Presupuestos— el Ejecutivo ha autorizado un volumen extraordinario de créditos dedicados a armamento. Las partidas aprobadas abarcan desde fragatas, aeronaves y submarinos hasta drones de alta tecnología y satélites estratégicos, y comprometen desembolsos hasta 2042 en una carrera de modernización militar a contrarreloj.

La aceleración del gasto castrense se disparó a partir de 2022 por dos factores clave. Por un lado, el estallido de la guerra de Ucrania llevó a los países aliados de Volodímir Zelenski (entre ellos España) a habilitar créditos especiales para costear el apoyo bélico. Por otro, en la cumbre de la OTAN de ese año los Estados miembros —España incluida— asumieron el compromiso de elevar el gasto en Defensa hasta el 2% del PIB. Años más tarde, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, ese listón del 2% sería considerado insuficiente por algunos aliados, que barajan objetivos aún mayores.

Uno de los mayores paquetes aprobados por el Gobierno fue el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, dotado con 10.450 millones de euros solo para 2025 y que incluye 31 nuevos programas de armamento. Su aprobación en abril de 2025 causó fricciones dentro de la coalición de Gobierno: la entonces vicepresidenta Yolanda Díaz (líder de Sumar) llegó a pedir que se retirase del orden del día del Consejo de Ministros. Este mes de noviembre, la oposición también ha alzado la voz. El Partido Popular registró una proposición de ley en el Congreso para obligar al Gobierno a someter a las Cortes Generales cualquier crédito extraordinario en materia de defensa y seguridad. Los populares denuncian la “opacidad absoluta” del Ejecutivo en este ámbito y exigen que estas transferencias de fondos se realicen con control parlamentario.

Paradójicamente, gran parte del gasto militar autorizado por esta vía repercute en la industria nacional. Algunos aliados parlamentarios del Gobierno, aunque ideológicamente opuestos a aumentar el gasto en armamento, han evitado votar en contra de estas medidas al tener intereses industriales en sus territorios. Es el caso de EH Bildu: pese a su postura política contraria al rearme, la formación vasca es consciente del volumen de inversiones que reciben las empresas militares radicadas en el País Vasco, traducido en empleo local. Por su parte, organizaciones independientes de análisis critican la falta de debate. Pere Ortega, presidente honorífico del Centre Delàs d’Estudis per la Pau —entidad especializada en fiscalizar la economía militar— opina que una medida que supone duplicar el presupuesto de Defensa (como el citado Plan de Seguridad y Defensa) debería haberse debatido en el Congreso de los Diputados.

El análisis de las decisiones del Consejo de Ministros desde 2018 revela que la mayor parte de los programas financiados refuerzan la base industrial militar española. No se trata de compras al exterior —el trasfondo del interés de Trump por exigir un gasto del 5% del PIB, orientado a adquirir material “Made in USA”—, sino de fondos para proyectos que fortalezcan las capacidades de las Fuerzas Armadas españolas y garanticen su plena operatividad en misiones de la OTAN. Entre estos proyectos destaca el RPAS Euromale, un dron de altitud media y larga autonomía (hasta 24 horas de vuelo) desarrollado junto a Alemania, Francia e Italia. Aunque el programa se puso en marcha en 2016 (antes de la llegada de Sánchez al poder), desde 2020 el Gobierno ha aprobado sucesivas ampliaciones presupuestarias que elevan su coste a unos 3.320 millones de euros, en cuotas anuales hasta 2035. La mayor parte de la financiación corre a cargo del Ministerio de Defensa, con una contribución inicial del Ministerio de Industria.

Otro programa estrella es el FCAS (Future Combat Air System), un futuro avión de combate de sexta generación que pretende ser la gran apuesta europea frente al caza estadounidense F-35. Su desarrollo está rodeado de incertidumbre por las diferencias entre Francia y Alemania (con España en medio del proyecto). El FCAS aspira a sustituir en la próxima década a los veteranos aviones de combate españoles —los Harrier de la Armada y los F/A-18 del Ejército del Aire—. En agosto de 2025, el Ministerio de Defensa dirigido por Margarita Robles zanjó las especulaciones descartando la compra de cazas F-35 norteamericanos, en consonancia con la preferencia del Gobierno por impulsar la industria europea y ganar autonomía tecnológica frente a Estados Unidos.

La renovación de medios militares alcanza también a la flota aérea convencional. En septiembre de 2023, el Consejo de Ministros amplió el techo de gasto para poner en marcha el Programa Halcón, diseñado para reemplazar parte de los aviones del Ejército del Aire que entraron en servicio a finales de los años 1980. Este plan se desarrolla en dos fases: la primera contempla la adquisición de 20 cazas Eurofighter por aproximadamente 2.637 millones de euros; la segunda añadirá otros 25 Eurofighter con un coste estimado de 4.593,6 millones, a invertir entre 2023 y 2035.

La lista de proyectos millonarios continúa. En septiembre de 2023 se aprobó la modernización de los sistemas antiaéreos NASAMS (operativos desde 2003) por 673,4 millones de euros, tras detectarse deficiencias en su funcionamiento. Igualmente, en 2023 se dio luz verde a la actualización de los misiles anti-carro Spike, si bien este programa ha quedado en suspenso. En medio del conflicto en Gaza, el Gobierno español —que encabezó la condena internacional al gobierno de Benjamín Netanyahu— anunció que retiraría todo el material de origen israelí de sus Fuerzas Armadas, incluyendo los Spike. Aunque Defensa no ha querido adelantar alternativas, fuentes militares apuntan a que la opción mejor posicionada para reemplazarlos es la compañía turca Roketsan.

También el ámbito espacial figura en este esfuerzo de modernización. El programa PAZ II, con un presupuesto de 1.089,8 millones de euros entre 2031 y 2042, prevé desarrollar dos nuevos satélites de observación terrestre con tecnología de radar. Además, el Ministerio de Industria ha concedido un préstamo de 1.011,85 millones a la empresa pública Hisdesat para apoyar la financiación de estos satélites estratégicos.

Aunque la mayoría de los grandes compromisos de gasto se han aprobado a partir de 2022, también hubo inversiones relevantes acordadas con anterioridad. En diciembre de 2018, el Consejo de Ministros autorizó 4.325 millones para la construcción de cinco fragatas F-110 para la Armada, así como 2.100 millones para fabricar 348 vehículos blindados 8×8 Dragón para el Ejército de Tierra. Del mismo modo, a finales de 2021 se aprobó un gasto de 1.187 millones de euros para la modernización del helicóptero de ataque Tigre (versión MK III), en un proyecto trilateral con Francia y Alemania.

Todas estas cifras ponen de manifiesto que la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado no impidió al Gobierno avanzar hacia la meta fijada con la Alianza Atlántica. Desde el Ministerio de Defensa siempre se mostró tranquilidad a este respecto, conscientes de que mediante créditos extraordinarios para programas militares podrían cumplir con los compromisos adquiridos con la OTAN.

Después de todos los acuerdos aprobados, 2025 se convierte en un año clave para el esfuerzo militar español. Aunque el gasto confirmado para este año ronda por ahora los 25.000 millones de euros —sumando el presupuesto ordinario de Defensa, los créditos especiales y las ayudas a la industria militar canalizadas desde el Ministerio de Industria—, aún queda margen para alcanzar los 33.000 millones necesarios con el fin de lograr el 2,1% del PIB comprometido. Hace poco más de una década, en 2014, España destinaba apenas el 0,92% de su PIB a Defensa; para 2025, ese esfuerzo se ha duplicado. Ni siquiera este aumento ha satisfecho al presidente de EE.UU., que ha presionado a los aliados para llegar a un gasto del 5% del PIB. España se ha mantenido firme y, por ahora, consigue ceñirse al objetivo del 2,1% acordado en la OTAN, al menos hasta la próxima revisión quinquenal de estos compromisos internacionales.