Desde Dubái, el presidente anuncia un paquete de medidas drásticas que incluye responsabilidad penal para los directivos de las plataformas y un sistema de «huella de odio» para rastrear la polarización.
El Gobierno de España ha decidido pulsar el botón rojo en su relación con las grandes tecnológicas. En un discurso contundente pronunciado este martes en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, Pedro Sánchez ha anunciado que España se convertirá en uno de los países más restrictivos del mundo con las redes sociales, prohibiendo su acceso a los menores de 16 años y amenazando con penas de cárcel a los directivos que ignoren la ley.
Calificando el entorno actual de las redes como un «Estado fallido» y un «salvaje oeste» donde impera la ley del más fuerte, el líder del Ejecutivo ha presentado una hoja de ruta de cinco puntos que se aprobará en el Consejo de Ministros la próxima semana.
«Sabemos que no va a ser fácil, pero nuestra determinación es mayor que su riqueza. España va a tomar medidas», sentenció Sánchez ante el foro internacional.
El fin del «scroll» para los menores de 16
La medida que más impactará en los hogares españoles es el veto digital. Hasta ahora, la edad de consentimiento para el tratamiento de datos estaba en los 14 años; la nueva normativa la elevará a los 16.
Esto obliga a plataformas como TikTok, Instagram o X (antes Twitter) a implementar sistemas de verificación de edad efectivos —más allá de simplemente preguntar la fecha de nacimiento— para impedir el registro de menores. Aquellos que tengan menos de 16 años necesitarán el consentimiento explícito de sus padres o tutores legales para tener una cuenta.
Esta iniciativa se alinea con la Ley Orgánica para la protección de menores en entornos digitales que ya tramita el Ministerio de Juventud e Infancia.
Ultimátum a Silicon Valley: las 5 claves del plan
Sánchez no solo ha puesto el foco en los usuarios, sino en la cúpula de las tecnológicas. El paquete legislativo busca acabar con la sensación de impunidad de los gigantes de internet mediante estas nuevas reglas:
- Responsabilidad penal para los CEO: Se acabó culpar al algoritmo. Los directivos serán legalmente responsables de las infracciones. Si no retiran contenidos de odio o ilegales, podrían enfrentar cargos penales.
- Delito por manipulación de algoritmos: Se tipificará como delito alterar los algoritmos para amplificar contenido ilegal o polémico con el único fin de obtener beneficio económico.
- La «Huella de Odio»: Se creará un sistema de trazabilidad para cuantificar y rastrear el odio y la polarización en la red. El objetivo: que difundir odio tenga un coste económico y legal real.
- Investigación a las IA y Apps: El Gobierno trabajará con la Fiscalía para investigar posibles infracciones de herramientas como Grok (la IA de Elon Musk), TikTok e Instagram.
- Verificación de edad obligatoria: El ya mencionado bloqueo para menores de 16 años.
Choque frontal con Elon Musk
El discurso en Dubái ha servido también como escenario para el enésimo enfrentamiento entre el Gobierno español y los «tecno-oligarcas», con una alusión directa a Elon Musk.
Sánchez ha acusado al dueño de X de utilizar su perfil personal para «amplificar desinformación» sobre la reciente regularización de 500.000 migrantes en España. El presidente ha denunciado la hipocresía de las plataformas que, bajo la bandera de la libertad de expresión, permiten que sus IAs generen contenido sexual ilegal o que circule pornografía infantil generada por inteligencia artificial.
«Nos dijeron que las redes serían un vehículo para la libertad, pero ha ocurrido lo contrario», lamentó Sánchez, cerrando su intervención con una promesa de «recuperar el control» frente a lo que considera una amenaza para la democracia.
