El término lawfare —combinación de law (ley) y warfare (guerra)— ha cobrado relevancia internacional para describir un fenómeno preocupante: la instrumentalización de la justicia con fines políticos. En lugar de la fuerza militar, son las demandas, los tribunales y los códigos legales los que se convierten en campo de batalla. Este concepto de «guerra jurídica» ha sido invocado en diversos países, denunciando casos donde la apariencia de legalidad encubre maniobras para desacreditar, inhabilitar o eliminar adversarios políticos.

A continuación, analizamos el origen y significado del lawfare, su aplicación en distintos contextos internacionales y los peligros que entraña para el Estado de Derecho y la democracia.

Definición y orígenes del concepto

El lawfare se define esencialmente como el uso abusivo o malintencionado de los procedimientos legales para perjudicar a un oponente. Se trata de emplear querellas, investigaciones judiciales y otras acciones legales no con el fin genuino de impartir justicia, sino para lograr objetivos políticos: por ejemplo, manchar la reputación de un líder rival, apartarlo de una contienda electoral o minar su base de apoyo. Importa resaltar que estas acciones suelen realizarse bajo una apariencia de legalidad, lo que dificulta discernir si se trata de la aplicación legítima de la ley o de una persecución encubierta.

El origen del término anglosajón lawfare se remonta a los años 1970, cuando apareció en un ensayo académico para describir la creciente tendencia a convertir los litigios en una forma de combate político. Sin embargo, fue a comienzos del siglo XXI cuando el concepto se popularizó en ámbitos militares y diplomáticos. En 2001, el coronel estadounidense Charles J. Dunlap Jr. definió lawfare como «el uso de la ley como un arma de guerra«.

Inicialmente, esta idea surgió para explicar cómo actores internacionales podían explotar tribunales y normas legales para desgastar a un enemigo más poderoso en lugar de enfrentarlo en el terreno militar. De hecho, estrategas estadounidenses empezaron a usar el término para criticar que ciertos países o grupos emplearan demandas en cortes internacionales —por ejemplo, por violaciones de derechos humanos— como táctica para poner en aprietos a Estados más fuertes. Con el tiempo, el vocablo trascendió el ámbito bélico y pasó a abarcar cualquier situación en que la ley se convierte en herramienta de lucha de poder, tanto en conflictos internacionales como en la arena política interna de los países.

El lawfare en el Derecho Internacional

Desde la perspectiva del Derecho Internacional, el lawfare se asocia con la noción de “guerra jurídica” dentro de las llamadas guerras híbridas. Esto implica que los Estados o grupos en conflicto utilizan los mecanismos legales internacionales como armas no convencionales. Un ejemplo clásico es el recurso a tribunales internacionales o a la legislación humanitaria para atacar la legitimidad del adversario. Presentar denuncias ante la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia puede formar parte de una estrategia para aislar diplomáticamente a un rival o condicionar sus acciones militares, todo ello a través del derecho en lugar de las armas.

No obstante, el concepto de lawfare en el ámbito internacional también ha sido objeto de controversia. Mientras que para algunos juristas el uso de demandas judiciales en conflictos globales es un avance civilizatorio que reemplaza la violencia por la ley, otros advierten que puede convertirse en un arma de doble filo. Un Estado poderoso podría desestimar decisiones judiciales internacionales alegando ser víctima de lawfare —Estados Unidos, por ejemplo, ha llegado a rechazar la jurisdicción de cortes internacionales bajo el argumento de que sus enemigos utilizan el sistema legal mundial para frenar su poderío—. Por otro lado, regímenes autoritarios han tratado de revestir de legalidad actos de agresión o violaciones de derechos, intentando justificar lo injustificable mediante leguleyerías. En suma, en el plano internacional el lawfare refleja la tensión entre el ideal de una justicia global imparcial y el uso cínico de la legalidad como táctica de poder.

Manifestaciones del lawfare en América Latina

En ningún lugar ha resonado más el término lawfare en años recientes que en América Latina. Numerosos líderes y movimientos políticos latinoamericanos han denunciado la existencia de una “guerra judicial” orquestada para lograr por vía de los tribunales lo que no se pudo obtener en las urnas. Estas acusaciones de lawfare suelen involucrar a élites económicas, sectores del poder judicial e incluso apoyos mediáticos que, en conjunto, buscarían apartar del poder o impedir el regreso de dirigentes incómodos.

Un caso paradigmático es el de Brasil. Tras los escándalos de corrupción conocidos como Lava Jato, varios miembros del progresista Partido de los Trabajadores fueron procesados. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado y encarcelado bajo cargos de corrupción que años más tarde serían anulados por irregularidades procesales. Sus partidarios alegaron desde el inicio que Lula fue víctima de lawfare: una conjura político-judicial que pretendía impedir su candidatura en 2018. De hecho, filtraciones posteriores (el caso Vaza Jato) revelaron colusión entre el juez y los fiscales de la causa, alimentando la percepción de que la justicia brasileña se utilizó selectivamente para fines políticos.

La destitución de Dilma Rousseff en 2016 mediante un controvertido juicio político fue vista por algunos analistas como una variante de lawfare combinada con maniobras parlamentarias, lo que se denominó un «golpe blando«.

En Argentina, la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner ha enfrentado múltiples procesos penales por corrupción, algunos todavía en curso. Fernández de Kirchner y sus seguidores denuncian que ha sido blanco de un lawfare impulsado por sectores judiciales y mediáticos adversos al kirchnerismo. Alegan que las causas en su contra —así como las imputaciones contra otros exfuncionarios de su gobierno— responden más a una campaña de desprestigio político que a la búsqueda imparcial de justicia. Esta percepción se agudizó tras un veredicto de culpabilidad en un juicio por administración fraudulenta en 2022, que la inhabilitó inicialmente para ocupar cargos públicos. Aunque la sentencia está apelada, el episodio reforzó el discurso kirchnerista sobre una supuesta conspiración jurídico-política para eliminar a Cristina Fernández de la escena electoral.

Otro ejemplo destacable ocurre en Bolivia. Después de la crisis política de 2019 que llevó a la renuncia de Evo Morales, las autoridades interinas iniciaron procesos judiciales contra funcionarios del gobierno saliente e incluso contra el propio Morales, acusándolo de delitos como terrorismo. El Movimiento al Socialismo (MAS) denunció que se trataba de persecución política bajo apariencia legal. A su vez, cuando el MAS retomó el poder en 2020, la expresidenta interina Jeanine Áñez fue detenida y procesada por su papel en la crisis, en lo que sus partidarios tildaron igualmente de lawfare. Este toma y daca evidencia cómo, en contextos de alta polarización, cada bando percibe a la justicia como capturada por el contrario.

Casos similares de alegada guerra judicial han sacudido a otros países de la región —desde Ecuador, donde el expresidente Rafael Correa fue condenado en ausencia y atribuye su situación a una vendetta política, hasta Guatemala, donde recientemente las élites tradicionales intentaron frenar la llegada al poder del reformista Bernardo Arévalo mediante impugnaciones legales a su partido—. En todos estos episodios, el común denominador es la sospecha de que las instituciones judiciales han dejado de ser árbitros neutrales para convertirse en armas arrojadizas en la lucha política.

El fenómeno en Europa: de Rusia a occidente

Aunque el concepto de lawfare surgió con fuerza en Latinoamérica, también en Europa pueden encontrarse dinámicas similares. En regímenes autoritarios o en democracias debilitadas, la instrumentalización de la ley para afianzar el poder del gobernante ha sido una constante. Rusia es un caso evidente: bajo el liderazgo de Vladimir Putin, los tribunales rusos han servido para acallar a la oposición y a voces críticas. El ejemplo más notorio es el del líder opositor Alexéi Navalny, encarcelado tras una seguidilla de juicios por cargos considerados políticamente motivados. De igual forma, empresarios incómodos para el Kremlin o activistas prodemocracia han sido perseguidos judicialmente hasta su ruina o exilio, en procesos plagados de irregularidades. Este uso cínico de jueces y fiscales ha consolidado un mensaje inequívoco: quien desafíe al poder enfrentará consecuencias legales, reales o fabricadas.

En Ucrania, por contraste, el panorama es más complejo. Durante la última década, el país ha oscilado entre esfuerzos por fortalecer el Estado de Derecho y acusaciones cruzadas de politización de la justicia. Antes de la revolución de 2014, el antiguo régimen prorruso fue señalado internacionalmente por encarcelar a líderes opositores —como la ex primera ministra Yulia Tymoshenko, sentenciada en 2011 en un juicio ampliamente criticado como venganza política—. Tras el cambio de gobierno, las nuevas autoridades emprendieron reformas para depurar el aparato judicial, aunque no sin controversias: se investigó por traición a algunos políticos vinculados al viejo orden, lo que unos consideraron medidas necesarias de limpieza y otros, posibles excesos de revancha.

Además, el actual conflicto con Rusia tiene una evidente dimensión legal. El gobierno ucraniano ha llevado a Rusia ante cortes internacionales por crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos, empleando el derecho como parte de su estrategia de resistencia. Desde la perspectiva ucraniana, se trata de buscar justicia y respaldo internacional; desde la óptica rusa, es visto como lawfare desplegado por Occidente para debilitarlos en el frente diplomático. Este pulso judicial paralelo al militar muestra cómo, incluso en pleno siglo XXI, la justicia puede tornarse otro frente de confrontación.

En las democracias occidentales, el término lawfare ha emergido sobre todo en debates políticos internos. Un caso reciente es España, donde la palabra ha entrado en el léxico público a raíz de conflictos muy mediatizados. Los líderes del independentismo catalán, enjuiciados tras el referéndum unilateral de 2017, denunciaron ser víctimas de lawfare, alegando que el Estado español utilizó jueces y leyes (como el delito de sedición, luego derogado) para castigar un movimiento político. De igual manera, en los últimos años figuras de la izquierda española han señalado prácticas irregulares por parte de ciertos sectores policiales y judiciales supuestamente alineados con la derecha. Investigaciones periodísticas revelaron operaciones encubiertas durante el gobierno conservador (2011-2018) en las que policías fabricaron pruebas o filtraron informes falsos a la prensa para desacreditar tanto a dirigentes independentistas como al emergente partido Podemos. Estos escándalos —conocidos coloquialmente como las “cloacas del Estado”— han dado peso a la idea de que también en España hubo un lawfare de baja intensidad: una guerra sucia en los tribunales y los medios contra adversarios políticos. Incluso el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a afirmar que él mismo fue objeto de espionaje ilegal y de causas judiciales infundadas cuando era líder de la oposición, insinuando una presunta connivencia entre elementos del Estado y sus rivales políticos.

Por su parte, la Unión Europea ha puesto la mira en países donde el equilibrio de poderes está amenazado por injerencias políticas en la justicia. En Polonia, el gobierno nacional-conservador llevó a cabo reformas que subordinan en buena medida al Poder Judicial, incluyendo la creación de un polémico sistema disciplinario para magistrados. Bruselas ha advertido que debilitar la independencia de los jueces abre la puerta a un uso faccioso de los tribunales —un caldo de cultivo para el lawfare—. De hecho, opositores polacos temen que los magistrados leales al partido gobernante puedan perseguir a voces disidentes o blindar a los aliados del régimen. Situaciones comparables se han observado en Hungría o Turquía, donde se ha erosionado la separación de poderes y los jueces terminan alineados con el Ejecutivo. Todos estos ejemplos confirman que el riesgo de la instrumentalización política de la justicia no reconoce fronteras y puede manifestarse tanto en democracias consolidadas como en sistemas autoritarios.

Mecanismos de instrumentalización judicial (cómo se perpetra el lawfare)

El lawfare no ocurre de manera espontánea, sino que suele implicar una serie de mecanismos bien orquestados para instrumentalizar el sistema judicial. Entre las tácticas más comunes destacan:

• Procesos penales estratégicos: Se presentan denuncias o cargos penales contra dirigentes específicos, muchas veces basados en pruebas débiles o acusaciones exageradas. El objetivo es abrir causas judiciales que desgasten al acusado, aunque luego no prosperen en condenas firmes.
• Uso político de la prisión preventiva: Se aprovecha la detención provisional como medida de presión. Mantener a un adversario bajo arresto durante meses (o años) mientras dura la investigación puede lograr su descrédito público y apartarlo temporalmente del escenario, incluso si al final resulta absuelto.
• Filtraciones y juicios mediáticos: Existe coordinación con medios de comunicación afines para difundir información sesgada o secreta de los expedientes judiciales. Estas filtraciones generan un “juicio paralelo” en la opinión pública que condena al sospechoso antes que el tribunal, afectando irreversiblemente su imagen.
• Foro privilegiado y juez afín: Los promotores del lawfare procuran concentrar los casos en juzgados específicos donde tengan magistrados de confianza o un entorno favorable. Asimismo, utilizan tecnicismos de competencia para asegurarse de que el proceso caiga en manos “convenientes” para sus intereses.
• Legislación a medida o retroactiva: En contextos extremos, el poder político promueve cambios normativos ad hoc para habilitar la persecución de un adversario (tipificando nuevas conductas delictivas, endureciendo penas o reabriendo plazos de prescripción) o, por el contrario, para blindar a sus aliados frente a la justicia.
• Desgaste económico y legal: El simple hecho de enfrentar múltiples frentes judiciales acarrea costos legales y financieros enormes para el acusado. La avalancha de procesos —aunque infundados— busca agotar sus recursos económicos y mentales, forzándolo a abandonar la contienda política.
• Estigmatización en cascada: Cada nueva imputación se publicita como prueba de que el adversario está envuelto en escándalos, creando una percepción de culpabilidad permanente. Este descrédito facilita que se abran más investigaciones (efecto dominó) y que otros actores se distancien del señalado, aislándolo políticamente.

Todos estos mecanismos operan manteniendo formas legales en apariencia: se cumplen (o simulan cumplir) los procedimientos, se esgrimen leyes vigentes y se involucra a jueces o fiscales, de modo que resulta difícil trazar la línea entre la aplicación legítima de la justicia y su abuso con fines partidistas.

Riesgos para la separación de poderes y la democracia

El lawfare plantea serias amenazas al orden democrático y al Estado de Derecho:

• Erosión de la independencia judicial: Cuando jueces y fiscales se ven presionados o tentados a servir intereses políticos, la justicia pierde imparcialidad. La separación de poderes se resiente y el Poder Judicial deja de actuar como contrapeso, convirtiéndose en instrumento de facción.
• Deslegitimación de las instituciones: Si la ciudadanía percibe que los tribunales se usan para ajustes de cuentas políticos, se debilita la confianza pública en la justicia y en la democracia en general. Todo fallo controversial será visto como sospechoso de motivaciones ocultas, socavando la autoridad y credibilidad institucional.
• Persecución de la oposición y debilitamiento del pluralismo: El lawfare tiende a silenciar o excluir a líderes opositores, alterando la equidad de las contiendas electorales. Al eliminar contendientes vía juzgados en lugar de en las urnas, se falsea la competencia política y puede consolidarse un hegemonismo antidemocrático.
• Precedente de abuso de poder: Permitir que prospere la guerra judicial sienta un precedente peligroso: futuros gobiernos, de cualquier signo, podrían verse tentados a usar las mismas tácticas contra sus rivales. Así, el juego democrático se transforma en una batalla sin reglas limpias, con represalias legales constantes.
• Polarización y conflicto social: El uso político de la justicia exacerba la polarización, pues cada grupo se siente víctima o justiciero. Cuando una parte de la sociedad cree que sus representantes son perseguidos injustamente, mientras la otra exige mano dura contra supuestos corruptos, el resultado es una fractura social profunda y difícil de reconciliar.

En definitiva, el lawfare corroe los fundamentos del Estado de Derecho. Donde la ley se tuerce para servir a un poder de turno, ni la seguridad jurídica ni los derechos de las personas están a salvo. La democracia se vacía de contenido si las garantías legales dejan de ser universales para convertirse en armas selectivas contra ciertos sectores.

Dificultades para identificar y sancionar el lawfare

A pesar de sus efectos perniciosos, enfrentar el lawfare desde el ámbito jurídico y ético no es tarea sencilla. Parte del problema radica en que estas prácticas operan en la zona gris de la legalidad. No siempre es evidente cuándo una acusación judicial obedece a motivos genuinos de justicia o a una agenda política oculta. Algunos de los desafíos más notorios son:

• Ambigüedad y prueba de la intención: Por lo general, los promotores del lawfare alegan que actúan conforme a la ley. Demostrar que hubo intencionalidad política detrás de un caso requiere evidencias difíciles de obtener —como comunicaciones privadas, testimonios directos o patrones claros de parcialidad—. La carga de la prueba es muy elevada, pues se trata de evidenciar la mala fe en lo que ostensiblemente son actuaciones legales legítimas.
• El lobo con piel de cordero: Estas maniobras se disfrazan de legalidad, lo que complica su denuncia. Jueces y fiscales pueden aducir que solo cumplen con su deber; medios de comunicación afines presentan las acusaciones como si fueran puramente técnicas. En ese escenario, quienes claman ser víctimas de lawfare son a veces acusados de querer eludir la justicia invocando persecuciones imaginarias.
• Falta de mecanismos de control efectivos: Las democracias confían en la independencia judicial y en organismos de control interno (consejos de la magistratura, tribunales superiores, etc.) para corregir desviaciones. Pero si todo el aparato está alineado con la trama de lawfare, ¿quién vigila al vigilante?. A nivel internacional, no existe un tribunal específico que juzgue el abuso deliberado de procesos legales, más allá de eventuales condenas en cortes de derechos humanos cuando se violan garantías básicas.
• Dilemas éticos y políticos: Combatir el lawfare presenta un dilema ético: ¿cómo proteger a las víctimas de persecución política sin entrometerse indebidamente en la función judicial? Por un lado, es necesario denunciar y frenar los abusos; por otro, una intervención excesiva podría comprometer la autonomía de la justicia. Además, el término en sí se ha politizado —no son pocos los políticos investigados por corrupción que se proclaman perseguidos de lawfare para esquivar responsabilidades, empañando el debate legítimo sobre este fenómeno—.

En resumen, identificar y sancionar el lawfare implica transitar por un delicado filo. Requiere fortalecer la transparencia en los procesos judiciales, blindar la independencia de jueces y fiscales, y garantizar que tanto denunciantes de corrupción como denunciados por presuntos delitos cuenten con las debidas garantías. Solo así ni la impunidad ni la persecución política tendrán cabida. En este esfuerzo, la sociedad civil, la prensa libre y la comunidad internacional juegan un rol clave al vigilar y exponer patrones anómalos en la administración de justicia.

El auge del término lawfare refleja la creciente conciencia de que las amenazas a la democracia no provienen solo de tanques o insurrecciones, sino también de la distorsión de la ley. Cuando la justicia es manipulada para dirimir rivalidades políticas, el daño trasciende a las personas involucradas: socava principios fundamentales como la legalidad y la igualdad ante la ley, bases de la convivencia democrática. Por ello, resulta crucial promover sistemas judiciales verdaderamente independientes y profesionales, capaces de resistir presiones externas y dedicados únicamente a esclarecer la verdad y aplicar el derecho con equidad.

Reconocer el lawfare es el primer paso para combatirlo. Ello implica llamar la atención sobre sus indicios —procesos sincronizados con el calendario electoral, pruebas endebles amplificadas mediáticamente, patrones de selectividad en la acción penal— y propiciar un debate público sobre cómo preservar la separación de poderes. Solo mediante vigilancia ciudadana, responsabilidad de los operadores jurídicos y, de ser preciso, reformas institucionales, se podrá cerrar el paso a la guerra judicial. Al fin y al cabo, en una democracia sana, la ley debe ser escudo de justicia, no espada de persecución.