En noviembre de 2023, Italia firmó con Albania un acuerdo migratorio pionero que permite trasladar a territorio albanés a los migrantes interceptados o rescatados en el mar por las autoridades italianas. Este Memorando de Entendimiento establece que las personas adultas (no vulnerables) encontradas en el Mediterráneo central, en lugar de desembarcar en Italia, sean llevadas a dos centros habilitados en Albania. Las instalaciones están ubicadas en Shengjin, un puerto en el noroeste albanés, y en Gjadër, en la misma región. En Shengjin se prevé la llegada de los barcos de la marina italiana con los migrantes rescatados y la realización de los primeros controles y registros. Posteriormente, los trasladados serían alojados en Gjadër mientras se tramitan sus solicitudes de protección internacional mediante un procedimiento acelerado.
Estos centros, financiados y gestionados por el Gobierno italiano, fueron construidos con rapidez a inicios de 2024. Se concibieron con un estatus de extraterritorialidad: aunque se ubican en suelo albanés, operan bajo jurisdicción italiana y con personal italiano, asimilándose a “espacios italianos” fuera de la UE. Según el acuerdo, Italia podría transferir hasta 3.000 migrantes al mes a Albania (36.000 al año), excluyendo siempre a menores, mujeres embarazadas y otros casos vulnerables. A cambio, Albania recibe compensación económica y apoyo político, incluyendo un impulso a sus aspiraciones de adhesión a la Unión Europea. Este incentivo fue clave para que Tirana aceptase alojar en su territorio los centros, presentándolo como muestra de cooperación con la UE. El modelo está abiertamente inspirado en la “solución del Pacífico” de Australia, que estableció centros de migrantes offshore, y forma parte de la tendencia europea de externalizar el control migratorio más allá de las fronteras de la UE.
En la práctica, el plan italo-albanés buscaba desalentar las salidas irregulares: la idea del Gobierno italiano era que los potenciales migrantes supieran que, aun si eran rescatados en el Mediterráneo, no llegarían a Italia sino a Albania, reduciendo así el atractivo de la travesía. Mientras permanecen en Albania, uno de los centros (Shengjin) actúa como punto de recepción inicial, y el otro (Gjadër) funge como centro de detención temporal donde se examinan rápidamente las solicitudes de asilo. Si la solicitud es denegada, el migrante queda a disposición para la repatriación a su país de origen directamente desde Albania; en teoría, este sistema agilizaría las expulsiones de quienes no tienen derecho a asilo. Italia y Albania acordaron que las personas trasladadas no pueden salir de esos recintos hacia el resto del país balcánico, de modo que, si por algún motivo el proceso no prospera, deben ser retornadas a Italia. En resumen, se trata de un mecanismo de procesamiento extraterritorial de solicitudes de asilo: los casos se evalúan fuera de la UE, aunque bajo normas italianas, intentando sortear la obligación de tramitar todas las peticiones en suelo italiano.
Fundamento político y operativo del plan de Meloni
El Gobierno de Giorgia Meloni, de orientación derechista, impulsó este plan como buque insignia de su política migratoria. Meloni había prometido mano dura contra la inmigración irregular, llegando a hablar de un “bloqueo naval” en campaña, y vio en la colaboración con Albania una solución novedosa para reducir la presión migratoria sobre Italia. Políticamente, el acuerdo encajaba con su discurso de defensa de las fronteras y de “reparto de responsabilidades” con terceros países. Presentó el proyecto como un “camino valiente y sin precedentes” que podría servir de ejemplo a otros estados europeos. Roma insistió en que el modelo respeta el espíritu europeo porque, aunque los migrantes no pisen suelo italiano de inmediato, Italia asume la gestión y costes del proceso, simplemente deslocalizándolo geográficamente.
Operativamente, el plan estableció filtros estrictos sobre quiénes podían ser enviados a Albania. Solo los hombres adultos, sin vulnerabilidades y procedentes de países que Italia considera “seguros”, serían susceptibles de traslado. Además, exclusivamente se aplicarían a personas rescatadas por medios italianos (Guardia Costera o Marina Militar) en aguas internacionales; quienes llegasen por sus propios medios a costas italianas, o fuesen auxiliados por barcos de ONG extranjeras, quedarían fuera del protocolo. Con este perfil, el Gobierno buscaba centrar el sistema en aquellos casos con alta probabilidad de rechazo de asilo, para luego tramitar rápidamente su expulsión. La normativa italiana reformada listó unos 22 países de origen seguros (principalmente de África y Asia) cuyos nacionales podían ser procesados en frontera o, en este caso, en Albania. El procedimiento diseñado aspiraba a resolver las solicitudes en un plazo aproximado de 4 semanas (28 días) por persona, gracias a trámites acelerados y a la concentración de recursos en Gjadër.
Para llevar a la práctica la iniciativa, Italia habilitó buques militares dedicados a transportar grupos de migrantes desde puertos italianos (como Lampedusa o Sicilia) hasta Shengjin, cruzando el Adriático. Inicialmente se usó la nave militar Libra para los primeros traslados en octubre de 2024. Ya en Albania, un juez italiano debía validar en un máximo de 48 horas la detención preventiva de cada migrante en el centro de Gjadër mientras se resolvía su expediente. La gestión diaria de los centros se confió a entidades contratadas por Italia (por ejemplo, la ONG italiana Medihospes administra el de Gjadër), bajo supervisión de la Prefectura de Roma. Italia también desplegó contingentes de sus fuerzas de policía para garantizar la seguridad de las instalaciones junto con agentes albaneses, reforzando la idea de un operativo conjunto pero mayoritariamente italiano en control.
El fundamento último del plan era doble: por un lado, disuadir las salidas irregulares mostrando que ya no garantizarían llegar a Europa continental; por otro, acelerar los procedimientos de asilo y retorno para reducir el hacinamiento en Italia. El Gobierno Meloni lo justificó como una respuesta innovadora a la crisis migratoria, alineada (según ellos) con el interés europeo de frenar la inmigración ilegal. De hecho, Bruselas inicialmente vio con buenos ojos el experimento: la Comisión Europea llegó a calificarlo como una vía a explorar para mejorar la gestión migratoria, subrayando que Italia seguía aplicando las normas europeas aunque fuera en Albania. No obstante, la implementación del plan pronto enfrentó serios obstáculos jurídicos y operativos que pusieron en entredicho su viabilidad.
Obstáculos legales y revisión judicial del modelo
Desde su puesta en marcha, el modelo italo-albanés chocó con trabas legales significativas. En Italia, el poder judicial intervino casi de inmediato para examinar la legalidad de la detención de solicitantes de asilo fuera del territorio nacional. Varios tribunales italianos de primera instancia (especialmente en Sicilia, donde suelen resolverse las peticiones de asilo) se negaron a convalidar la transferencia y retención de migrantes en Albania. Jueces de Palermo y Catania, por ejemplo, rechazaron alrededor del 90% de las solicitudes gubernamentales para aplicar este protocolo, alegando posibles vulneraciones de derechos. El núcleo del conflicto jurídico se centró en la definición de “país seguro” de origen y en el derecho a un recurso efectivo.
Un punto de inflexión llegó en octubre de 2024, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió una sentencia clave sobre el concepto de países de origen seguros (en un caso que, aunque no refería directamente a Italia, sentó criterio aplicable). El TJUE dictaminó que ningún país puede considerarse completamente seguro si alguna región de ese país no lo es; es decir, la presencia de conflicto o persecución en una parte del territorio nacional invalida la presunción de seguridad para toda la nación. Como consecuencia, varias nacionalidades que Italia había incluido en su lista de 22 países seguros quedaron fuera de esa categoría a ojos de la Justicia europea. Entre ellas estaban justamente algunos de los principales países de origen de migrantes que llegaban a Italia, como Bangladés, Egipto, Túnez o Libia. Esta sentencia supuso un golpe directo al plan con Albania: muchos de los migrantes que Italia pretendía deportar rápidamente (por ejemplo, bangladesíes y egipcios) ya no podían ser tratados bajo procedimiento acelerado, pues su país de origen no podía presumirse seguro sin más.
Los jueces italianos comenzaron entonces a basarse en el fallo europeo para bloquear las detenciones en Albania. Un caso emblemático ocurrió a mediados de octubre de 2024, cuando un Tribunal de Roma ordenó el retorno a Italia de los 12 migrantes restantes que habían sido enviados a Gjadër en el primer traslado experimental. De un grupo inicial de 16, cuatro ya habían sido regresados inmediatamente (dos menores de edad y dos adultos vulnerables que no debían haber sido trasladados). Los doce restantes, originarios de Egipto y Bangladés, vieron cómo el tribunal italiano dictaminaba que no podían permanecer detenidos en Albania ni ser repatriados directamente, ya que corrían riesgo de sufrir violencia o persecución si volvían a sus países. En esencia, el juzgado italiano aplicó la primacía del derecho comunitario (la sentencia del TJUE) por encima del decreto italiano: si parte del territorio de Egipto o Bangladés no es seguro, estos solicitantes no podían considerarse automáticamente repatriables. El fallo obligó a las autoridades a traer de regreso a esos migrantes vía el puerto de Bari, evidenciando una seria incertidumbre jurídica sobre la viabilidad del acuerdo.
El Gobierno de Meloni reaccionó con rapidez para intentar salvar su plan. En octubre de 2024 aprobó un decreto-ley de urgencia modificando las reglas: redactó una nueva lista de países seguros, supuestamente ajustada a las exigencias del TJUE, excluyendo aquellos con zonas inseguras internas (por ejemplo, Nigeria, Camerún o Colombia fueron removidos de la lista). Asimismo, la norma permitió que una Corte de Apelación pudiera revocar decisiones de tribunales inferiores que ordenaran la repatriación a Italia de migrantes detenidos en Albania, buscando evitar que un solo juez bloquease el procedimiento. Con estos cambios, el Ejecutivo pretendía atar de manos a la judicatura, vinculando las decisiones sobre traslados a criterios dictados por el Gobierno. Sin embargo, estas maniobras legales no convencieron del todo a los jueces ni despejaron las dudas.
A finales de enero de 2025, el Tribunal de Apelación de Roma volvió a asestar un revés al proyecto: suspendió una sentencia previa y denegó la validación de la detención de otros 43 migrantes que Italia había logrado trasladar días antes a Gjadër. Nuevamente, los tribunales italianos consideraron ilegítimo mantener retenidas a esas personas fuera del país y ordenaron su regreso. Ante la reiterada oposición judicial interna, Italia paralizó los envíos de migrantes a Albania temporalmente, a la espera de un pronunciamiento definitivo desde Europa. Meloni incluso advirtió públicamente al Tribunal de Luxemburgo (TJUE) sobre las consecuencias de bloquear su “plan estrella”, alegando que si la Justicia europea tumbaba ese esquema se comprometerían las políticas de repatriación de todos los países miembros hasta que entrase en vigor la nueva legislación de asilo en 2026. Esta presión poco velada evidenciaba lo mucho que estaba en juego políticamente para su Gobierno.
Finalmente, el 1 de agosto de 2025, el TJUE emitió una sentencia concluyente sobre las cuestiones prejudiciales planteadas en torno al modelo italo-albanés. El fallo, muy esperado, confirmó en gran medida las objeciones de los magistrados italianos: si bien reconoció que cada Estado es libre de elaborar listas de países seguros, estableció condiciones estrictas. La Justicia europea subrayó que tal designación de “país seguro” debe cumplir estándares legales sólidos y, sobre todo, permitir que los solicitantes de asilo y los jueces tengan acceso a la información y las pruebas que sustentan dicha calificación, de modo que puedan impugnarla si corresponde. En la práctica, el TJUE reprochó que en el esquema italiano los tribunales no podían verificar adecuadamente la presunción de seguridad de ciertos países, quedando sin medios para revisar la legalidad de enviar allí a los migrantes. Además, reiteró que un país no se puede considerar seguro si no ofrece protección efectiva a toda su población en todo su territorio.
Esta sentencia europea, derivada del caso de dos solicitantes de Bangladés trasladados a Albania cuyas peticiones fueron rechazadas automáticamente por venir de un país “seguro”, dismanteló jurídicamente la base del plan. Expertos legales señalaron que a partir de esta decisión resultaría imposible continuar con el modelo tal como Meloni lo había concebido, al menos hasta que el marco normativo cambiara. De hecho, para agosto de 2025 los centros en Albania llevaban meses vacíos, ya que Italia había cesado los traslados a la espera del veredicto europeo. El Gobierno italiano, aunque protestó contra el fallo acusando al TJUE de limitar la capacidad de los Estados para combatir la inmigración ilegal, se vio obligado a acatarlo. Las consecuencias jurídicas inmediatas fueron la suspensión efectiva del acuerdo y la necesidad de replantear el uso de las instalaciones de Shengjin y Gjadër bajo otros términos legales.
Cabe mencionar que la controversia también llegó al plano constitucional albanés: en enero de 2024, el Tribunal Constitucional de Albania revisó el memorando con Italia, pero finalmente lo avaló, entendiendo que no violaba la soberanía albanesa dado el carácter temporal y controlado de los centros. Sin embargo, las autoridades de Tirana dejaron claro que los migrantes no obtendrían asilo en Albania ni libertad de movimiento allí; su territorio era solo un espacio de tránsito controlado. Esto reforzó la idea de que, si los procedimientos fracasaban o se paralizaban, los extranjeros debían ser devueltos a Italia, incrementando la presión sobre Roma para resolver la situación conforme al derecho internacional.
Reacciones, críticas y el coste económico del modelo
El plan migratorio con Albania ha generado fuertes reacciones en la sociedad civil, la oposición política e incluso dentro de organismos internacionales. Diversas ONG y colectivos de derechos humanos denunciaron desde el inicio que la iniciativa contraviene principios fundamentales del derecho de asilo. La red Migreurop, por ejemplo, calificó el acuerdo de maniobra opaca y contraria al derecho internacional, creando un régimen de asilo extraterritorial ad hoc lleno de ambigüedades legales. La Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa advirtió que un sistema fiable y respetuoso con los derechos requiere que las solicitudes se examinen en territorio de los Estados miembros, y criticó que trasladarlas fuera de la UE erosiona las garantías de los refugiados. Organizaciones humanitarias en Italia tildaron a los centros de Albania como “cárceles en la sombra” y alertaron del riesgo de incumplir el principio de no devolución si se deportaba desde allí a personas con necesidades de protección.
En Italia, la oposición política cargó duramente contra el plan de Meloni. Representantes de partidos progresistas y moderados señalaron que la estrategia, más que resolver la crisis migratoria, se estaba convirtiendo en un fiasco operativo y financiero. Riccardo Magi, diputado del partido +Europa, ironizó preguntando si “¿no les bastaba [al Gobierno] con malgastar mil millones de euros en sádicas catedrales en el desierto?”, aludiendo al enorme gasto en construir y mantener vacíos los centros en Albania. Desde la centrista Italia Viva, Davide Faraone acusó a Meloni de empeñarse en “hacer como que la cosa funciona de verdad” después de haber prometido que esos centros “sí o sí iban a funcionar”, cuando en la realidad seguían sin albergar migrantes de forma legal. Incluso miembros de la anterior coalición de derechas mostraron preocupación en privado por el curso de choque con la judicatura. Del lado del Gobierno y sus aliados, en cambio, se mantuvo una postura beligerante: Fratelli d’Italia (el partido de Meloni) acusó a ciertos jueces de estar “politizados” y querer “abolir las fronteras de Italia”, intensificando la retórica contra el poder judicial. El ministro de Justicia, Carlo Nordio, cuestionó que la determinación de qué países son seguros quedase “en manos de la magistratura” en lugar del ejecutivo.
Más allá del debate político y jurídico, uno de los aspectos que más polémica pública ha suscitado es el coste económico del modelo. Paradójicamente, un Gobierno que había criticado durante años el gasto de 35 euros al día por migrante en los centros de acogida ordinarios en Italia, terminó destinando sumas muy superiores a su “Operación Albania”. Un informe de la ONG ActionAid publicado en 2025 reveló cifras sorprendentes: solo el centro de Gjadër, que estuvo operativo apenas cinco días en 2024 debido a los bloqueos judiciales, supuso un gasto total de 570.000 euros para albergar a 20 migrantes durante ese breve periodo. Esto equivale, según la ONG, a unos 114.000 euros diarios por cada persona detenida en Albania –una cifra astronómica comparada con los costes de la acogida en territorio italiano. De hecho, todos esos 20 migrantes fueron liberados a las pocas horas de su llegada, lo que significa que el Estado italiano desembolsó cientos de miles de euros prácticamente para nada productivo, alimentando las críticas de despilfarro.
La inversión inicial en infraestructuras también fue cuantiosa. Italia destinó aproximadamente 74 millones de euros a la construcción y habilitación de los complejos de Shengjin y Gjadër. Esto se traduce en un coste medio de 153.000 euros por plaza disponible en esos centros, en contraste con los alrededor de 21.000 euros por plaza que cuesta levantar instalaciones similares en Italia (por ejemplo, en Porto Empedocle, Sicilia). En otras palabras, cada puesto para migrantes en Albania salió unas siete veces más caro que uno en suelo italiano, según datos recopilados por medios italianos. Además, el plan contemplaba gastos operativos crecientes: el diario La Repubblica estimó que la logística de trasladar migrantes en barco hasta Albania —incluyendo combustible, tripulaciones, escoltas, etc.— rondaba los 250.000 a 300.000 euros por viaje, dependiendo del buque utilizado. El primer traslado, con solo 16 personas a bordo del navío Libra, costó en torno a 18.000 euros por migrante transportado. Aunque las autoridades argumentaron que ese viaje piloto iba a medio vacío y que en adelante los barcos irían llenos para amortizar costos, los analistas calcularon que incluso con cupo completo el sistema seguiría siendo varias veces más oneroso por persona que gestionar a los migrantes en Italia.
La oposición italiana no tardó en apodar el proyecto como “la propaganda más cara de la historia”. Y es que el Gobierno había reservado hasta 800 millones de euros en cinco años para mantener el programa (personal, mantenimiento, transporte, etc.), una cantidad muy elevada que ahora, con los centros vacíos, se ve difícil de justificar. Desde una perspectiva económica, muchos se preguntan si esta externalización ofrece algún beneficio real o solo añade complejidad y costo al ya complicado sistema de asilo. El Ejecutivo de Meloni defiende que el gasto estaba previsto para un plan a pleno rendimiento y que “no tiene precio la defensa de las fronteras”, pero las cifras han erosionado la narrativa oficial. Por otro lado, en Albania también hubo voces críticas: sectores de la sociedad albanesa expresaron inquietud por que su país albergue a migrantes rechazados por la UE, temiendo problemas sociales o de seguridad, aunque el Gobierno de Edi Rama aseguró que todo estaría bajo control italiano y que Albania solo ganaría reputación internacional y fondos con el acuerdo.
Contexto europeo y encaje en la política migratoria de la UE
El experimento migratorio de Italia en Albania se inscribe en un contexto más amplio del debate migratorio europeo. En los últimos años, la Unión Europea ha buscado fórmulas para compartir la carga migratoria y aumentar las deportaciones de quienes no obtienen asilo, aunque sin romper con sus obligaciones legales. El Pacto de Migración y Asilo que la UE negocia desde 2020 (y que se espera aplicar plenamente hacia 2026) incluye medidas para agilizar las solicitudes en las fronteras exteriores y un mecanismo de solidaridad obligatoria entre Estados miembros (ya sea acogiendo refugiados o aportando fondos para retornos). Sin embargo, el pacto no contemplaba explícitamente la creación de centros de procesamiento de migrantes fuera del territorio comunitario, dado que esa idea resultaba polémica y generaba divisiones éticas y jurídicas.
La iniciativa italo-albanesa, no obstante, reavivó ese debate en Europa. Bruselas, que en el pasado se mostró reticente a la externalización tan directa del procedimiento de asilo, adoptó recientemente una postura más abierta a explorar soluciones creativas ante la presión migratoria. En octubre de 2024, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, envió una carta a los líderes europeos sugiriendo “explorar posibles formas de avanzar en la idea de desarrollar centros de retorno fuera de la UE”, citando expresamente el modelo de Italia en Albania como una experiencia de la que obtener “lecciones prácticas”. Esta aparente bendición respondía también a la presión de un bloque de países, encabezados por Dinamarca, que llevaban tiempo reclamando estudiar “soluciones innovadoras” para gestionar la inmigración irregular. Entre esas soluciones figura incluso el controvertido “modelo Ruanda” –impulsado por el Reino Unido– consistente en enviar solicitantes de asilo a un país africano seguro antes de que se tramite su caso (una política que el Consejo de Europa ha criticado duramente). El Partido Popular Europeo, principal familia política de centroderecha en la UE, incluyó en su programa electoral de 2024 el apoyo a establecer campamentos de deportación fuera del territorio europeo gestionados por personal de la UE, reflejando cómo la idea de externalizar ha ido ganando terreno en el discurso político dominante.
Así, el plan de Meloni encajó con las aspiraciones de los sectores más duros en materia migratoria dentro de la UE. Muchos gobiernos –incluidos algunos que tradicionalmente eran más garantistas, como Francia o Alemania– han endurecido su posición ante el aumento de llegadas y el auge de partidos anti-inmigración. Existe un amplio consenso en la UE sobre la necesidad de elevar las tasas de retorno efectivo de inmigrantes sin derecho a estancia (hoy por hoy, solo alrededor del 20% de quienes reciben órdenes de expulsión terminan siendo repatriados). La UE ha venido cerrando acuerdos con terceros países para que acepten de vuelta a sus nacionales o contengan las salidas: se firmó en 2016 el pacto con Turquía, más recientemente memorandos con Túnez, Egipto o Marruecos, e incluso se negocia con países del África Occidental como Mauritania o Senegal para frenar rutas migratorias. En este marco, la externalización de centros de detención o procesamiento aparece como una extensión lógica de esa política de delegar en terceros países parte de la gestión migratoria a cambio de ayudas económicas o concesiones políticas.
No obstante, legalmente la UE aún no ha dado cobertura plena a proyectos como el de Italia y Albania. Lanzarlo a escala europea requeriría modificar ciertas normativas de asilo y retorno, algo que la Comisión Europea indicó que estudiaría tras el caso italiano. Además, surge la cuestión práctica de dónde ubicar estos posibles centros externos: persuadir a países socios para que acojan instalaciones con migrantes expulsados de Europa no es sencillo. En los Balcanes Occidentales, aparte de Albania (que accedió motivada por su candidatura a la UE), otros estados como Serbia, Montenegro o Macedonia del Norte han mostrado reservas a convertirse en el “patio trasero” migratorio de la Unión, según fuentes diplomáticas. Fuera de Europa, la opción de Ruanda (explorada por Dinamarca e Israel, además del Reino Unido) ha topado con desafíos judiciales y reputacionales. En suma, aunque el futuro Pacto de Migración y Asilo no contemplaba explícitamente centros en terceros países, la evolución política apunta a que podría haber ajustes o complementos que abran esa puerta, sobre todo si gobiernos de línea dura aumentan su influencia tras las elecciones europeas de 2024.
Otros países de la UE han observado con atención el caso italo-albanés. Hungría y Polonia, por ejemplo, siempre han defendido soluciones que eviten tener solicitantes de asilo en su territorio, si bien su enfoque ha sido más el de blindar fronteras internas que el de crear centros externos gestionados en común. Grecia y España, situados en otras rutas migratorias, se han centrado más en acuerdos de contención con países vecinos (Turquía, Marruecos) que en externalizar el procesamiento, pero no descartan medidas más estrictas en línea con sus socios si la situación se agrava. En general, el caso de Italia y Albania se ha convertido en un precedente simbólico: su éxito o fracaso influirá en la disposición de la UE a institucionalizar la externalización. De hecho, tras la sentencia del TJUE en contra, varios líderes moderados en Europa señalaron que “confirmaba la necesidad de atenerse al marco vigente” y priorizar la solidaridad intraeuropea en lugar de buscar atajos fuera de la UE. Sin embargo, para los partidarios de la línea dura, el tropiezo legal de Meloni solo refuerza el argumento de reformar las leyes europeas que, a su juicio, impiden respuestas eficaces.
Desafíos de la externalización migratoria
El modelo migratorio de Italia que traslada la gestión de solicitantes de asilo a Albania ejemplifica los enormes desafíos que conlleva la externalización migratoria en Europa. Por un lado, pone de manifiesto la tensión entre la soberanía nacional y los marcos jurídicos supranacionales: los gobiernos pueden estar dispuestos a innovar (o bordear los límites legales) para frenar la inmigración irregular, pero sus planes deben lidiar con normas europeas e internacionales concebidas para proteger los derechos fundamentales. En este caso, intentar sacar el procedimiento de asilo fuera de la UE chocó con principios legales como el derecho al asilo efectivo, el control judicial independiente y la prohibición de devoluciones en caliente. Cualquier estrategia de externalización futura tendrá que resolver cómo garantizar que los derechos de los migrantes no se diluyan al trasladarlos de jurisdicción, so pena de ser invalidada en los tribunales.
Por otro lado, la experiencia italo-albanesa subraya los retos operativos y de eficacia real. A pesar de la voluntad política y de una considerable inversión económica, el plan no ha logrado (al menos hasta ahora) cumplir sus objetivos: no ha disuadido significativamente las llegadas (Italia siguió recibiendo decenas de miles de migrantes en 2023-2024), no ha acelerado las deportaciones (pues los procedimientos se han entrampado en litigios) y ha implicado un coste desproporcionado para gestionar a muy pocos individuos. Esto plantea la duda de si la externalización es realmente una solución práctica o más bien una medida simbólica de cara a la opinión pública interna. El riesgo es terminar con sistemas paralelos costosos y complejos que, en última instancia, reproducen el problema original: muchos migrantes acabarían igualmente en suelo europeo tras un rodeo burocrático, pero a un precio mucho mayor y con un desgaste institucional notable.
Asimismo, existe un componente ético y de solidaridad internacional en juego. El uso de terceros países como “plataformas” para migrantes suscita preguntas sobre la responsabilidad compartida: ¿Es legítimo que la UE transfiera parte de su carga migratoria a naciones más pobres o con instituciones más frágiles? ¿Se crea así una especie de doble estándar, donde Europa mantiene su territorio “libre” de migrantes indeseados a costa de confinarlos en la periferia? Albania, que aspira a unirse a la UE, aceptó participar por los beneficios ofrecidos, pero esta estrategia podría no ser sostenible o replicable indefinidamente sin generar tensiones geopolíticas o de derechos humanos. Además, la externalización puede ser instrumentalizada políticamente por regímenes terceros que, a cambio de controlar migrantes, exijan concesiones económicas o miren hacia otro lado ante abusos (como ha pasado con Turquía o Libia).
En conclusión, el caso de Italia y Albania ilustra tanto la creciente presión sobre los estados europeos para encontrar vías alternativas de gestionar los flujos migratorios, como los límites legales y morales que enfrentan esas vías. Europa se encuentra en una encrucijada: buscar soluciones fuera de sus fronteras para un fenómeno global, sin por ello abdicar de los valores y obligaciones que la definen. La externalización migratoria aparece como una tendencia que probablemente irá en aumento en los próximos años, pero su implementación efectiva requerirá ajustes legales de calado, transparencia, cooperación genuina con países socios y, sobre todo, un equilibrio cuidadoso entre la seguridad fronteriza y el respeto a la dignidad humana. El “laboratorio” de Albania ha enseñado lecciones importantes: que las respuestas simples (llevarse el problema lejos) pueden volverse complejas, y que Europa no puede eludir del todo su responsabilidad, pues al final los migrantes y sus derechos siguen llamando a la puerta de la legalidad internacional. Encontrar un enfoque común, eficaz y humanitario seguirá siendo uno de los grandes desafíos de la política migratoria europea en los años venideros.
