El histórico Consulado General Británico en Jerusalén Este, operativo desde 1839, ha sido degradado oficialmente a «Misión del Reino Unido en Jerusalén». Este drástico cambio de estatus diplomático es el resultado de un acuerdo de última hora para evitar la clausura total de las instalaciones, tras expirar el ultimátum de 30 días emitido por el Gobierno de Israel. El pacto implica la salida de veinte diplomáticos del país, incluido el cónsul general, dejando en el edificio a tan solo siete funcionarios que estarán inhabilitados para ejercer funciones consulares.

El origen de la crisis: la expansión de las sanciones

El detonante de esta fractura diplomática radica en el reciente endurecimiento de la política exterior británica respecto a Cisjordania. El Gobierno laborista de Andy Burnham, a través de su ministro de Exteriores, Ed Miliband, amplió el mes pasado el marco de sanciones contra los asentamientos israelíes. Las penalizaciones ya no se limitan a los colonos implicados en actos violentos, sino que ahora otorgan cobertura legal para sancionar a entidades o individuos que construyan o financien la expansión de dichas colonias. A esto se suma la prohibición de comerciar con productos provenientes de los asentamientos y la restricción de ciertas exportaciones armamentísticas.

Para el titular de Exteriores israelí, Gideon Saar, este paquete de medidas constituye un acto «hostil» y una «serie creciente de medidas unilaterales» que hacían insostenible mantener el estatus de la legación británica sin tomar medidas recíprocas. Por su parte, la respuesta de Londres se ancla en el derecho internacional: Miliband ha argumentado que Israel carece de autoridad legal para ordenar el cierre de una sede ubicada en la zona oriental de la ciudad, un territorio ocupado en 1967 y cuya anexión no cuenta con el reconocimiento de la comunidad internacional.

Inquietud en el sector bancario israelí

El alcance de las nuevas sanciones británicas ha encendido las alarmas en el ámbito financiero. La Asociación de Bancos de Israel teme que la normativa del Reino Unido pueda acarrear graves consecuencias legales y económicas para las entidades que financien la construcción en el polémico corredor E1, una zona estratégica que conecta Jerusalén Este con el asentamiento de Maale Adumim y que, de desarrollarse, dividiría Cisjordania. Con tres concursos públicos de construcción de viviendas a punto de cerrarse este mes de octubre, el sector bancario mantiene congelada la emisión de avales a las constructoras por el riesgo de verse arrastrados por las penalizaciones de Londres.

El precedente español y el aislamiento europeo

La maniobra contra la diplomacia británica no es un hecho aislado, sino que sigue un patrón de presión institucional sobre las representaciones en Jerusalén que atienden a la población palestina. En mayo de 2024, tras el reconocimiento oficial del Estado palestino por parte de España, el entonces ministro Israel Katz prohibió al consulado español prestar asistencia a los palestinos de Cisjordania, lo que desencadenó una crisis que culminó con la retirada de embajadores y la actual representación mediante encargados de negocios. Sin embargo, mientras Bruselas sigue evidenciando dificultades para articular una postura comunitaria frente a las políticas de asentamientos, el ejecutivo británico ha optado por un marco sancionador mucho más agresivo que el de sus homólogos europeos.