El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) ha reclamado al Ministerio de Justicia que asuma el liderazgo para establecer criterios homogéneos en la organización y funcionamiento de los nuevos Tribunales de Instancia y Oficinas Judiciales en todo el territorio nacional.

Esta exigencia se produce tras la reciente publicación por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la Guía de Buenas Prácticas para la Organización de los Tribunales de Instancia, un extenso documento de 135 páginas que aborda los retos organizativos, la transformación digital y la gestión de equipos de este nuevo modelo.

Freno a la desigualdad territorial

El CNLAJ ha lanzado una clara advertencia: la implantación de la Ley Orgánica 1/2025 se está desarrollando de manera «desigual e irregular» en España, lo que genera importantes disfunciones en la organización cotidiana de los servicios. Esta preocupación ya fue recogida expresamente en las conclusiones de las XXXVII Jornadas de la Fe Pública Judicial celebradas en Valencia, donde el Colegio alertó de que el nuevo modelo se está ejecutando sin el horizonte temporal necesario y sin la dotación de medios adecuada.

Para la organización, una reforma organizativa de esta dimensión no puede agotarse en la modificación de las estructuras orgánicas. La existencia de una organización judicial común exige que los elementos esenciales de funcionamiento no queden sujetos a criterios sustancialmente diferentes en función del territorio, garantizando así unos estándares organizativos y cauces de actuación coherentes para profesionales y ciudadanos con independencia de su comunidad.

El reto del expediente judicial electrónico y la dación de cuenta

Uno de los pilares de la reclamación técnica del CNLAJ es la unificación de la tramitación electrónica de los procedimientos. En este sentido, el Colegio destaca dos prioridades innegociables:

• Digitalización total: El expediente judicial electrónico debe constituir el soporte ordinario de toda la actividad procesal y jurisdiccional.
• Trazabilidad garantizada: La comunicación y la dación de cuenta con el Tribunal de Instancia deben realizarse a través de los cauces electrónicos establecidos y con arreglo a criterios homogéneos. Advierten que la falta de homogeneidad puede provocar retrasos, pérdida de trazabilidad, errores organizativos y desigualdad de criterios.

Reivindicación del papel de los profesionales

Finalmente, el CNLAJ insiste en que el éxito del modelo pasa por abordar de forma integral la gestión del cambio organizativo. Por ello, consideran imprescindible que Jueces, Magistrados, Letrados de la Administración de Justicia y el personal de los cuerpos generales no sean considerados meros ejecutores de un modelo previamente cerrado. Exigen participar activamente en la definición, implantación, seguimiento y evaluación de un sistema que debe consolidarse con planificación, medios suficientes y mecanismos de corrección de disfunciones.