Las recientes declaraciones del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, han desatado una nueva tormenta política e institucional. Durante su participación en un podcast junto a un exrehén, el líder ultraderechista abogó abiertamente por realizar ejecuciones selectivas en la Franja de Gaza, sugiriendo la eliminación sistemática de entre 30 y 40 personas cada noche y utilizando un lenguaje deshumanizante al asegurar que «ni siquiera son personas».
Choque con el plan de paz y llamadas a la expulsión
Esta retórica choca frontalmente con la actual estrategia diplomática del Ejecutivo israelí. Ben Gvir ha escenificado su total rechazo a la decisión del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de rebajar la intensidad de la ofensiva militar para intentar dar viabilidad al plan de paz promovido recientemente por Donald Trump.
Lejos de apostar por la distensión, el ministro propuso la expulsión masiva de la población palestina para repoblar la totalidad del enclave con colonias judías. Esta propuesta, que busca revertir el desmantelamiento de asentamientos llevado a cabo en 2005, ha sido reiteradamente catalogada por diversos organismos de derechos humanos como un intento manifiesto de limpieza étnica.
El impacto jurídico en la Corte Internacional de Justicia
Desde una perspectiva legal, este tipo de pronunciamientos públicos por parte de altos cargos del Gobierno israelí tiene consecuencias directas en los tribunales internacionales. Juristas e investigadores han advertido que estos discursos son recopilados y presentados como material probatorio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU para sustentar las acusaciones de «intención genocida» que pesan sobre Israel.
El perfil de Ben Gvir es uno de los más controvertidos del gabinete. Con un pasado marcado por su exención del servicio militar debido a sus nexos con el grupo extremista Kach —clasificado como organización terrorista en el propio Israel—, en la actualidad ostenta el control sobre la policía nacional y el sistema penitenciario.
Bajo su mandato, impulsado desde 2022, la expedición de licencias de armas a civiles se ha disparado más de un 125%. Su figura sigue acumulando incidentes de condena internacional, siendo uno de los más recientes el episodio del pasado mes de mayo, cuando difundió imágenes mofándose de los activistas de la Flotilla Global Sumud mientras permanecían detenidos y esposados en el suelo.
