La tarde del 26 de noviembre de 2025 se desató un incendio catastrófico en el complejo de viviendas Wang Fuk Court, ubicado en el distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong. Las llamas arrasaron siete de las ocho torres de apartamentos, causando al menos 128 muertes (incluido un bombero) y cerca de 80 heridos, con centenares de personas inicialmente reportadas como desaparecidas. Se trata del peor incendio urbano en Hong Kong en al menos tres décadas, solo superado en víctimas por un siniestro ocurrido en 1948. La magnitud de la tragedia ha conmocionado a la ciudad y ha puesto de relieve graves deficiencias en la gestión de riesgos: desde el uso de materiales inflamables en obras de renovación hasta posibles negligencias y corrupción en la supervisión de proyectos de construcción.

Contexto urbano: densidad, altura y renovaciones masivas

Hong Kong es una de las ciudades más densas y verticales del mundo, poblada de rascacielos residenciales construidos durante la segunda mitad del siglo XX. Muchos de estos edificios envejecidos pasan hoy por amplias renovaciones estructurales para subsanar deterioros acumulados. Wang Fuk Court, por ejemplo, es un conjunto de vivienda pública inaugurado en 1983 que consta de ocho bloques de 31 pisos (casi 2.000 apartamentos en total). Según el censo de 2021, en el complejo vivían alrededor de 4.600 personas, de las cuales cerca del 40% superaban los 65 años de edad. Esto ilustra la vulnerabilidad de su población y la importancia de mantener las instalaciones seguras.

Cuando ocurrió el incendio, todas las torres estaban envueltas en andamios externos y redes de obra debido a un proyecto de rehabilitación integral iniciado en 2024. Es habitual en Hong Kong ver edificios enteros “encapsulados” con andamiaje de bambú y mallas verdes protectoras durante meses: una estampa característica de la ciudad, donde esta técnica tradicional se sigue empleando ampliamente por su rapidez y bajo coste. Equipos de obreros especializados escalan las fachadas y las cubren con entramados de bambú amarrados con cintas de nylon, sobre los que se colocan telas para contener escombros. En pocas semanas pueden forrar edificios de decenas de plantas, minimizando molestias a viandantes.

Sin embargo, la práctica de envolver simultáneamente edificios completos con andamios y mallas ha comenzado a ser cuestionada tras el desastre de Tai Po. Expertos locales señalan que no es habitual emprender obras en ocho bloques a la vez, como ocurrió en Wang Fuk Court; lo común habría sido escalonar la rehabilitación por fases. Al haber cubierto todas las torres al mismo tiempo, se creó un continuo de material combustible alrededor del complejo que facilitó un “efecto dominó”: cuando una torre ardió, el fuego pudo saltar rápidamente a las siguientes a través del entramado compartido. En aproximadamente cuatro horas, las llamas habían engullido siete edificios de 32 plantas, una propagación sin precedentes que dejó a muchos residentes atrapados antes de poder evacuar. Esta decisión de planificación de obra –posiblemente tomada para acelerar los trabajos o reducir costes– tuvo consecuencias fatales a la hora de enfrentar un incendio.

Materiales inflamables en las obras: bambú y espuma que avivan el fuego

Las causas exactas del siniestro siguen bajo investigación, pero hay consenso en que la propagación extraordinariamente rápida del fuego se debió a la naturaleza inflamable de los materiales utilizados en la renovación. Testigos y vídeos del suceso muestran que las llamas prendieron por el exterior, escalando velozmente la malla verde que cubría el andamiaje de bambú en una de las torres. En cuestión de minutos, el fuego trepó varios pisos y se extendió horizontalmente a las estructuras adosadas a los edificios vecinos. Parte del andamiaje colapsó envuelto en llamas, y el viento seco de noviembre avivó el incendio, esparciendo focos ardientes de una torre a otra.

El andamiaje de bambú en sí, aunque combustible, no suele arder con tanta facilidad; el problema principal radicó en las cubiertas plásticas que lo rodeaban. Las obras habían instalado redes de nailon, lonas impermeables y láminas de plástico alrededor de las fachadas para prevenir la caída de escombros y proteger las ventanas. Estos recubrimientos deberían ser ignífugos, conforme a las directrices de seguridad laboral en Hong Kong. De hecho, existe un Código de Práctica del Departamento de Trabajo que recomienda usar mallas retardantes de llama en andamios, especialmente cuando se trabaja sobre edificios habitados. En la práctica, sin embargo, muchas constructoras optan por materiales ordinarios no tratados contra el fuego, ya que cuestan casi la mitad que los ignífugos. Las mallas resistentes al fuego de gran tamaño (por ejemplo, 18 por 2 metros) pueden costar alrededor de 75 a 90 dólares hongkoneses por pieza (9–10 euros), mientras que sus equivalentes comunes valen 40–50 HKD. Esta diferencia de precio ha llevado a algunos contratistas a “ahorrar” en seguridad, instalando telas no certificadas para reducir gastos.

Todo indica que en Wang Fuk Court se siguió esta práctica temeraria. Tras el incendio, las autoridades policiales revelaron que los elementos colocados en la fachada no cumplían los estándares de seguridad contra incendios: las mallas, membranas y coberturas plásticas usadas carecían de la adecuada resistencia al fuego. En otras palabras, el complejo estaba envuelto en un material altamente combustible, que actuó como mecha alrededor de los edificios. Una vez prendió en un punto, las llamas corrieron por la red de obra envolviendo rápidamente las torres adyacentes.

A esto se sumó otro factor crítico: durante la rehabilitación, los contratistas habían sellado muchas ventanas con espuma de poliestireno (styrofoam). Este material, empleado presumiblemente para evitar filtraciones de polvo o escombros al interior de las viviendas y huecos de ascensor, resultó ser extremadamente inflamable. Las planchas de poliestireno arden con facilidad, emitiendo un humo negro y tóxico. Investigaciones preliminares señalan que el fuego pudo entrar a los edificios a través de las ventanas bloqueadas con espuma, alimentándose de ese aislante y pasando de un piso a otro. Incluso en la torre inicialmente no afectada directamente por el andamio en llamas, la policía halló que las ventanas de los vestíbulos de cada planta estaban cubiertas con paneles de este foam combustible, lo que podría haber acelerado la expansión interna del incendio.

El uso de la espuma sellante agravó la situación por dos motivos: potenció el fuego y entorpeció la evacuación. Muchos residentes no se percataron de inmediato del siniestro porque sus ventanas estaban cubiertas y cerradas herméticamente debido a las obras, bloqueando la vista del exterior y retrasando la detección del peligro. Un superviviente relató que, con las ventanas casi totalmente tapadas por poliestireno y normalmente cerradas para no dejar entrar polvo, apenas entraba olor o señal de las llamas fuera. Sus padres, residentes de una de las torres, no advirtieron el incendio hasta que él los llamó por teléfono al ver las noticias; afortunadamente lograron ser rescatados a tiempo. Otros vecinos no corrieron la misma suerte. Una mujer de 72 años permanecía desaparecida un día después, mientras su hija expresaba indignación al descubrir que las ventanas de su apartamento estaban bloqueadas por este material inflamable: “El gobierno tendrá leyes, pero ¿se están aplicando en cuanto a la calidad de los materiales y la seguridad? Tengo mis dudas”, declaró angustiada.

En suma, la combinación de andamiaje tradicional (bambú) con elementos modernos pero inflamables (mallas plásticas y espuma aislante) creó un cóctel letal en Wang Fuk Court. Aunque en teoría estos materiales podían tratarse para ser autoextinguibles, en la práctica no lo eran, o habían perdido su efectividad con el desgaste. Además, la acumulación de residuos de obra sobre los andamios (trozos de papel, telas, restos de material) probablemente añadió carga combustible. Representantes de los trabajadores de la construcción explican que, si hubiera existido un manejo riguroso, el riesgo podría haberse limitado: mantener los andamios limpios de desechos, humedecer las mallas en días secos o durante trabajos de soldadura, y tener extintores a mano, son medidas básicas. Lamentablemente, todo apunta a que falló la gestión preventiva en el sitio de obra, permitiendo que un chispazo (sea una colilla mal apagada, una herramienta eléctrica, o alguna chispa de soldadura) encontrara abundante material para desencadenar el infierno que siguió.

Quejas ignoradas de los residentes antes del incendio

Varios residentes de Wang Fuk Court venían advirtiendo desde hacía un año que las obras representaban un riesgo de incendio. Sus quejas formales e informales, dirigidas tanto a autoridades como al equipo gestor del complejo, hoy resultan premonitorias. Ya en septiembre de 2024, vecinos preocupados elevaron consultas sobre la posible inflamabilidad de la malla verde utilizada por los contratistas. También denunciaron otras prácticas inseguras: el uso de espuma de poliestireno bloqueando las ventanas (temían que fuera combustible, como efectivamente lo era) y la presencia de obreros fumando cigarrillos cerca del andamiaje repleto de materiales secos. Estas inquietudes fueron planteadas en reuniones de la comunidad e incluso en redes sociales locales.

Ante la presión vecinal, el Departamento de Trabajo de Hong Kong –encargado de la seguridad ocupacional en construcciones– realizó inspecciones en la obra en 2024. Luego, en respuesta oficial a los residentes, las autoridades transmitieron un mensaje de calma: aseguraron que el riesgo de incendio era “relativamente bajo” siempre que se evitaran actividades con llamas (por ejemplo, soldaduras) y que, según la documentación del contratista, las mallas protectoras utilizadas poseían certificación de comportamiento retardante al fuego. En esencia, se confió en los certificados presentados por la empresa y se indicó que, cumpliendo las precauciones, la situación estaba bajo control.

Hoy, esas garantías suenan dramáticamente irónicas. Tras el siniestro, ha quedado de manifiesto que los residentes tenían razón en sus alertas. Lo que llamaban la atención –mallas y sellados potencialmente inflamables, fumadores en los andamios– resultó ser exactamente el talón de Aquiles que permitió la tragedia. De hecho, la policía confirmó que la red y coberturas de obra no cumplían los estándares de ignifugación a pesar de las promesas, y halló evidencias (restos calcinados de espuma) de que el aislamiento de ventanas era altamente combustible. Cabe destacar que un vecino ya había publicado fotos en el grupo comunitario online “Wang Fuk Court Resident Exchange” en 2024 mostrando trozos de espuma blanca ardiendo en la fachada durante las obras, con el epígrafe: “el aislamiento de las ventanas es inflamable”. Aquella advertencia, que pudo parecer exagerada en su momento, hoy se revela trágicamente cierta.

No solo se ignoraron las quejas sobre materiales: también falló la atención a la infraestructura contra incendios del edificio. Una revisión de las actas de reuniones entre los propietarios y la administración de Wang Fuk Court revela que desde meses antes se conocían deficiencias en los sistemas de emergencias. En noviembre de 2024, la junta de vecinos expresó su preocupación por la proliferación de paneles solares en las azoteas, preguntándose si eso violaría las normas contra incendios (lo que sugiere un clima de inquietud general sobre la seguridad). Más concretamente, en julio de 2025 la administración informó que algunas mangueras de los hidrantes presentaban signos de envejecimiento y corrosión durante trabajos de impermeabilización, recomendando su reemplazo. Y en octubre de 2025 se notificó que varios elementos críticos necesitaban reparación o mantenimiento: válvulas de agua contra incendios, boquillas de manguera, alarmas, extintores, carretes de manguera e incluso luminarias de emergencia con baterías. Es decir, había un catálogo de equipos antiincendios averiados o pendientes de mantenimiento en el complejo, un estado preocupante dada la simultaneidad de las obras.

No está claro hasta qué punto la administración del edificio o las autoridades atendieron estas recomendaciones antes del desastre. Lo que sí se sabe es que muchos residentes no oyeron ninguna alarma el día del incendio. De hecho, el Secretario de Seguridad hongkonés, Chris Tang, confirmó tras la tragedia que las alarmas antiincendios de Wang Fuk Court no funcionaron correctamente durante el siniestro, ratificando así las quejas previas de algunos vecinos. La aparente falta de operatividad de los sistemas de alerta y extinción internos sin duda complicó la evacuación: si las mangueras no tenían presión o las sirenas no sonaron oportunamente, los habitantes de pisos altos quedaron a merced de un fuego que avanzaba desde fuera sin aviso.

Además, como se mencionó, había denuncias de conductas inseguras del personal de obra. Un residente (ya ex-inquilino) proporcionó a la prensa un vídeo que grabó a comienzos de 2025, donde se aprecia a un trabajador fumando un cigarrillo junto al andamiaje lleno de redes. Ese vecino afirmó haber enviado el video y sus quejas a la administración en febrero, sin obtener respuesta ni corrección alguna. Esas colillas mal apagadas o chispas descuidadas pudieron ser el detonante de lo ocurrido. En retrospectiva, la comunidad de Wang Fuk Court había hecho sonar múltiples alarmas (una “crónica de un desastre anunciado”, como se ha llegado a decir), pero sus voces no lograron impulsar acciones preventivas suficientes antes del fatídico 26 de noviembre.

Respuesta institucional: reacción del Departamento de Trabajo y autoridades

Tras la extinción del incendio y a medida que salían a la luz estos fallos, las autoridades hongkonesas han tenido que responder a un clamor público por explicaciones y remedios. En primer lugar, el Departamento de Trabajo (Labour Department) –cuestionado por haber avalado en su día la seguridad de la obra– expresó «profunda preocupación» por el desastre y anunció medidas inmediatas. Desde el 28 de noviembre puso en marcha una operación especial de inspección de dos semanas de duración en todas las obras de construcción con andamiajes a gran escala del territorio. El objetivo explícito es verificar que se cuente con adecuadas medidas de protección contra incendios en estos sitios: por ejemplo, comprobar si las pantallas de malla instaladas son ignífugas y cumplen con los estándares reconocidos. En coordinación con el Departamento de Edificaciones, se están visitando decenas de edificios en renovación para asegurar que no se repita el escenario de Tai Po.

El portavoz del Departamento de Trabajo advirtió que, si durante estas inspecciones se detectan violaciones a la legislación de seguridad, se actuaría con mano dura: los inspectores tienen instrucciones de emitir ordenes de paralización de obras o notificaciones de mejora de inmediato, e incluso iniciar procesos sancionadores o penales sin previo aviso cuando hallen situaciones de peligro grave. Asimismo, la agencia hizo un llamamiento urgente a todos los contratistas para que extremen las precauciones con el fuego ante la temporada seca: recordaron la prohibición absoluta de fumar en áreas de obra, la necesidad de retirar a diario la basura combustible acumulada en los andamios, y la obligatoriedad de seguir protocolos estrictos durante trabajos de riesgo (como soldaduras o corte con llama), disponiendo siempre de extintores operativos en el lugar. Estas indicaciones, aunque básicas, cobran nueva relevancia tras un incidente de tal magnitud.

Por su parte, el Gobierno de Hong Kong en su conjunto ha reaccionado con promesas de investigación y reformas. El Jefe del Ejecutivo, John Lee, calificó el siniestro de Wang Fuk Court como una “catástrofe masiva” y declaró que “no debe repetirse”. Anunció la creación de un grupo de trabajo interdepartamental para indagar a fondo las causas del incendio, incluyendo posibles fallos de regulación o de cumplimiento de normas. En paralelo, las autoridades de Seguridad, Bomberos y Edificaciones iniciaron sus propias pesquisas técnicas. Lee aseguró que todos los proyectos de construcción en curso serían revisados de emergencia para confirmar que sus andamios, redes y materiales cumplen con los estándares de protección contra fuego. También se comprometió a acelerar cualquier mejora legislativa necesaria: “Revisaremos si la normativa vigente es adecuada y se está aplicando correctamente, y no descartamos endurecer los requisitos”, declaró ante la prensa local.

Un aspecto central de este debate es el futuro del andamiaje de bambú en la ciudad. Hong Kong, pese a su modernidad, todavía permite este método tradicional en la mayoría de las obras privadas, confiando en la autorregulación y en códigos de buenas prácticas no vinculantes para garantizar la seguridad. En marzo de 2025, de hecho, el gobierno había anunciado que en adelante el 50% de los nuevos contratos de obra pública incorporarían andamios metálicos en lugar de bambú, pero esa medida se orientó sobre todo a mejorar la seguridad laboral (evitar caídas de altura y accidentes de andamieros) y no abordó el riesgo de incendios. Meses después, en octubre, el entonces secretario de Trabajo Chris Sun declaró públicamente que no se prohibiría el bambú en obras privadas, defendiendo que con las precauciones adecuadas seguía siendo un método válido. La tragedia de Wang Fuk Court ha obligado a matizar esta postura. John Lee ahora admite que se reconsiderará el uso generalizado de andamiaje tradicional y se estudiará mandatar por ley materiales menos inflamables, al menos en determinados entornos. Diversos sectores, desde colegios de ingenieros hasta asociaciones vecinales, piden que se imponga por normativa el uso de mallas ignífugas y otras protecciones, subsanando lo que hasta ahora eran solo “recomendaciones” voluntarias.

En definitiva, la respuesta institucional inmediata combina asistencia a las víctimas, investigaciones técnicas y promesas de reformas legales. El gobierno local habilitó refugios temporales para más de 900 residentes desplazados y anunció ayudas económicas de emergencia (por ejemplo, distribución de tarjetas de transporte con saldo y fondos para alojamiento provisional). Pero más allá de la gestión humanitaria del desastre, la atención pública está centrada en qué harán las autoridades para depurar responsabilidades y prevenir futuros incendios similares. Y en ese sentido, ya han comenzado acciones contundentes en el terreno penal.

Investigaciones penales y detenciones por negligencia criminal

Pocas horas después de controlado el incendio, las fuerzas de seguridad de Hong Kong iniciaron una investigación penal para determinar responsables directos. El mismo día 27 de noviembre, la policía arrestó a tres personas vinculadas a la empresa encargada de las obras de renovación. Se trata de dos directores y un consultor de la firma Prestige Construction & Engineering Co. Ltd., la contratista principal del proyecto. A los tres se les imputó sospecha de homicidio por negligencia (homicidio imprudente), bajo la premisa de que las decisiones tomadas en la obra habrían provocado las muertes. En particular, se investiga si sabían que los materiales empleados no cumplían la normativa de seguridad y aun así continuaron con la obra, actuando con una imprudencia temeraria que derivó en la pérdida de vidas. Estos detenidos quedaron bajo custodia mientras se recaban pruebas y testimonios; de confirmarse las acusaciones, podrían enfrentar penas severas de cárcel.

Paralelamente, la poderosa Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC) de Hong Kong inició su propia pesquisa, ante las señales de posibles irregularidades corruptas relacionadas con el proyecto de Wang Fuk Court. El 28 de noviembre, la ICAC informó de la detención de ocho personas adicionales vinculadas a la renovación del complejo. Entre los arrestados hay siete hombres y una mujer, de entre 40 y 63 años, incluyendo a cuatro miembros de la empresa consultora que supervisaba la rehabilitación (dos directivos y dos jefes de proyecto encargados de la obra) y a tres subcontratistas especializados en trabajos de andamiaje, además de un “intermediario” cuyo rol estaría por esclarecer. Agentes anticorrupción realizaron registros en trece lugares, confiscando documentos de obra y registros bancarios.

Si bien la ICAC no ha detallado los cargos formales, su intervención sugiere que se investigan sobornos, fraudes u otras formas de corrupción en torno a la obra. Una hipótesis es que algunos contratistas o proveedores pudieron haber pagado comisiones ilícitas a responsables del proyecto para que mirasen hacia otro lado en cuestiones de seguridad (por ejemplo, aprobando el uso de mallas más baratas y fuera de estándar). Otra línea podría ser la adjudicación irregular del contrato de renovación, dado que algunos residentes habían cuestionado el elevado presupuesto de HK$330 millones asignado a la obra –muy por encima de opciones más modestas que se barajaron–, lo que abre sospechas de sobrecostos intencionados. Los subcontratistas de andamios detenidos apuntan también a posibles arreglos colusorios: quizá se les permitió incumplir especificaciones (como no usar redes ignífugas) a cambio de algún beneficio económico compartido. Y la mención de un «intermediario» sugiere la posible existencia de enlaces opacos entre la constructora, los proveedores y funcionarios o terceros, para facilitar estas prácticas.

En cualquier caso, la conjunción de investigaciones –por negligencia criminal y por corrupción– refleja la gravedad del incidente. Hong Kong pocas veces ha visto un escrutinio penal tan amplio tras un desastre de este tipo. Estas acciones envían un mensaje claro: no solo se busca justicia por las víctimas, sino también desentrañar fallos sistémicos que pudieron haber permitido que una obra en teoría rutinaria se convirtiera en un polvorín. Las detenciones por parte de la ICAC, en particular, evidencian que las autoridades sospechan de conductas ilícitas más allá de simples errores humanos: se quiere saber si hubo encubrimiento deliberado, falsificación de informes de seguridad o pagos bajo cuerda que derivaron en relajar estándares para ahorrar costes. Los resultados de estas investigaciones serán cruciales para depurar responsabilidades individuales –tanto en el ámbito privado como posiblemente en el público– y para reforzar la confianza ciudadana en que no habrá impunidad ante una tragedia de esta magnitud.

Jason Poon: el activista que advirtió el peligro y los fallos sistémicos

Mientras el gobierno reacciona a posteriori, algunas voces venían alertando desde antes sobre el caldo de cultivo que hizo posible el desastre. Entre ellas destaca la de Jason Poon, un ingeniero civil y empresario de la construcción que se ha convertido en activista contra la corrupción y la mala praxis en este sector. Poon se dio a conocer por destapar en 2018 un escándalo de obras defectuosas en el metro de Hong Kong –concretamente, la manipulación de armaduras de acero en la estación Hung Hom de la nueva línea ferroviaria–, lo que sacó a la luz irregularidades encubiertas y connivencias peligrosas entre contratistas y supervisores gubernamentales. A raíz de aquel caso, Poon fundó una entidad de monitoreo de la construcción y ha mantenido desde entonces una postura muy crítica con las deficiencias de supervisión en Hong Kong.

En el caso de Wang Fuk Court, Jason Poon lleva más de un año advirtiendo públicamente de problemas en la obra. Según ha relatado, desde diciembre de 2023 él y su equipo habían identificado que en varias rehabilitaciones de vivienda pública –incluyendo la de Wang Fuk Court en Tai Po y otra en el complejo Sui Wo Court de Fo Tan– se estaban utilizando andamios con mallas no ignífugas, en contra de lo que dictan las normas de seguridad. Poon afirma haber enviado decenas de correos electrónicos (más de 80) a distintos departamentos gubernamentales exponiendo esta preocupación. En particular, elevó escritos al Servicio de Bomberos, al Departamento de Trabajo e incluso a oficinas de vivienda, detallando con fotos y datos técnicos cómo los contratistas estaban incumpliendo los requisitos al usar mallas plásticas ordinarias que ardían con facilidad. Sin embargo, denuncia que sus alertas fueron mayormente ignoradas o recibieron respuestas burocráticas mínimas.

El activista incluso señaló casos concretos antes del siniestro de Tai Po: por ejemplo, mencionó el incendio de un andamiaje en un hotel en Tsim Sha Tsui en 2023 (un fuego de 4ª alarma que arrasó el andamio de otro edificio en obras durante toda una noche) y otro incendio en octubre de 2025 en la torre Chinachem de Central (que calcinó un andamiaje envolvente de un edificio de oficinas). Según Poon, ambos sitios carecían de mallas con capacidad ignífuga y aun así no hubo sanciones ni rectificaciones notables tras esos sustos. Es decir, había precedentes claros de que los andamios envueltos en plástico representaban un riesgo serio, pero las autoridades no actuaron proactivamente.

En la visión de Jason Poon, lo ocurrido en Wang Fuk Court es fruto de un patrón de negligencia regulatoria. Él sostiene que la legislación hongkonesa sí obliga a usar mallas retardantes de fuego en andamiajes montados en edificios habitados, pero que los funcionarios responsables no hicieron cumplir esa ley de forma consistente. Este punto es relevante: mientras algunos expertos señalan que la exigencia de ignifugación era solo una recomendación técnica y no un mandato legal estricto, Poon argumenta que en ciertos contextos (como obras de mantenimiento en altura con residentes presentes) sí existe la obligación jurídica de emplear materiales seguros, obligación que simplemente fue pasada por alto. En cualquier caso, lo que subraya es la desidia de ciertos responsables públicos ante los peligros, algo que él califica de “encubrimiento” hacia las empresas infractoras. “Los funcionarios actuaron con negligencia grave; el resultado es que en el gremio de las renovaciones campaba la impunidad, pensando que el Gobierno no haría valer los requisitos legales”, escribió Poon en una dura publicación en sus redes sociales tras el incendio. En ese mensaje, llegó a pedir la dimisión de los altos cargos implicados en la supervisión, nombrando expresamente al Director del Departamento de Bomberos por, en sus palabras, “haber rehusado consistentemente abordar el problema de las mallas inflamables” a pesar de múltiples informes.

Las denuncias de Jason Poon ponen el dedo en la llaga de problemas sistémicos en la industria de la construcción de Hong Kong. Por un lado, prácticas empresariales cuestionables: una cultura donde a veces se prima el ahorro de costos sobre la seguridad, con contratistas dispuestos a “recortar esquinas” (cut corners) confiando en que no serán vigilados de cerca. Por otro lado, fisuras en la gobernanza: organismos de control y funcionarios que, ya sea por corrupción, presiones o falta de recursos, fallan en detectar o sancionar esas prácticas a tiempo. Hong Kong ha vivido varios episodios que evidencian este cóctel, desde el citado escándalo del metro (donde hubo condenas por falsificación de pruebas de calidad) hasta irregularidades en obras públicas y retrasos en actuar ante problemas en edificios residenciales. Cada tragedia o escándalo añade presión para reformar el sistema, pero según Poon y otros activistas, todavía persisten opacidades y complacencias peligrosas.

El incendio de Wang Fuk Court podría marcar un antes y un después si se asume como una lección dolorosa. La indignación pública es palpable: familias enteras han sido destruidas (se reportan múltiples casos de ancianos que vivían solos y no pudieron escapar, entre las víctimas mortales), y la confianza en la seguridad de las viviendas se ha visto sacudida. Colectivos cívicos y profesionales están alzando la voz para exigir responsabilidad política y cambios normativos. Por ejemplo, el Instituto de Practicantes de Seguridad de Hong Kong urgió en medios locales a convertir en obligatorias por ley las medidas que hoy son opcionales, como el uso de redes ignífugas y materiales incombustibles en fachadas en obra. También piden mayor supervisión in situ para evitar hábitos peligrosos (se citó cómo es relativamente común ver obreros con el cigarrillo en una mano y la antorcha de soldar en la otra, práctica que debe erradicarse con inspecciones sorpresivas). Incluso se plantea revisar la planificación de este tipo de proyectos: un dirigente sindical del sector andamios señaló que quizás no debería permitirse rehabilitar simultáneamente todos los bloques de una urbanización, sino escalonarlos para limitar el potencial de un incendio de “cadena” como el ocurrido.

En última instancia, el caso de Wang Fuk Court ha abierto un amplio debate en Hong Kong sobre cómo equilibrar desarrollo urbano, tradición constructiva y seguridad pública. La ciudad enfrenta el reto de renovar su vasto parque de edificios antiguos sin comprometer la seguridad de sus habitantes. Esto implicará posiblemente actualizar regulaciones, asignar más recursos a inspección y, sobre todo, establecer responsabilidades claras para que todos los actores —diseñadores, contratistas, supervisores y funcionarios— rindan cuentas por la seguridad desde el inicio hasta el final de una obra. Solo así podrá recuperarse la confianza perdida y evitar que la “crónica de una tragedia anunciada” se repita.

Epílogo: hacia una reforma en la gestión del riesgo urbano

La devastación de Wang Fuk Court ha dejado un profundo dolor en Hong Kong, pero también un convencimiento generalizado de que algo debe cambiar. A corto plazo, se esperan los resultados de las investigaciones judiciales y administrativas: de ellas podrían derivarse tanto procesos penales ejemplares contra los responsables directos, como sanciones políticas si se comprueba negligencia en los organismos públicos. A más largo plazo, la ciudad se enfrenta a sus propios fantasmas en materia de planificación urbana y responsabilidad pública. Hong Kong cuenta con numerosos complejos residenciales de edad similar a Wang Fuk Court que en los próximos años requerirán renovaciones; el temor de expertos y vecinos es que otras “bombas de tiempo” puedan estar gestándose si no se aprenden las lecciones de esta tragedia.

Por ello, arquitectos, ingenieros y activistas insisten en que la gestión del riesgo en las obras de construcción debe mejorar radicalmente. Urge reforzar las inspecciones independientes, dotar de dientes legales a las recomendaciones de seguridad (convertirlas en obligaciones exigibles bajo amenaza de multas o cierre de obras), e inculcar en la industria una cultura de “seguridad primero”. Asimismo, se demanda mayor transparencia y rendición de cuentas: que tanto empresas como funcionarios sepan que cualquier componenda que comprometa la seguridad saldrá a la luz y tendrá consecuencias. Solo mediante estas reformas estructurales podrá honrarse la memoria de las 128 personas que perdieron la vida en Tai Po y evitar que su destino se repita en otro rincón de la jungla de hormigón hongkonesa.

En palabras de un editorial local, “Hong Kong no puede permitirse que la modernización de sus edificios se haga a costa de la seguridad de su gente”. La tragedia de Wang Fuk Court ha encendido las alarmas; ahora corresponde a las instituciones y a la sociedad mantenerlas sonando hasta lograr un cambio real, para que jamás vuelva a ocurrir una catástrofe semejante.