El exgobernador del estado Nueva Esparta Alfredo Díaz falleció este sábado mientras permanecía bajo custodia en El Helicoide, centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas. Díaz, de 55 años, llevaba cerca de un año encarcelado en régimen de aislamiento y, según denuncias, había solicitado atención médica reiteradamente sin recibirla. Su muerte ha causado conmoción en Venezuela, especialmente entre dirigentes opositores, quienes exigen explicaciones inmediatas al gobierno de Nicolás Maduro y responsabilizan al Estado por la integridad y salud de los presos políticos bajo su custodia.

Reacciones de la oposición venezolana

La principal coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática, lamentó la pérdida de “un líder inocente” y calificó la muerte de Díaz en prisión como una injusticia que pudo haberse evitado. “Hoy lamentablemente fallece injustamente en prisión un líder inocente”, expresaron en un comunicado difundido en la red social X (antes Twitter), subrayando que Díaz cumplía una condena que consideraban arbitraria. La esposa del exgobernador, Leynys Malavé, también alzó la voz en redes sociales exigiendo respuestas: “¿Qué pasó con mi esposo? ¿Me lo mataron?”, escribió, reflejando la incertidumbre y el dolor de su familia ante lo ocurrido.

Diversos líderes opositores en el exilio han condenado enérgicamente lo sucedido. El dirigente Leopoldo López denunció presuntos maltratos carcelarios en El Helicoide, escribiendo en X: “Muere en el centro de tortura El Helicoide Alfredo Díaz, exalcalde, amigo, patriota y luchador… Llevaba meses solicitando atención médica y se la negaron, lo mataron. Es otra víctima de la dictadura”. De forma similar, el exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma calificó la muerte como “otro crimen de la tiranía de Maduro” y recordó a Díaz como “un servidor público ejemplar” cuyo compromiso democrático le costó la libertad y ahora la vida.

En un comunicado conjunto, la reconocida opositora María Corina Machado y Edmundo González –a quien la oposición venezolana considera presidente electo en el exilio– señalaron que “Alfredo estaba bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro, por lo que su integridad y su vida eran responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente detenido”. Ambos líderes enfatizaron que la muerte de Díaz “no puede tratarse como un fallecimiento común, sino como un crimen bajo la responsabilidad del régimen”. Añadieron además que este caso “no es un hecho aislado”, sino que se suma a una preocupante cadena de fallecimientos de presos políticos en el contexto de la represión postelectoral desatada tras las disputadas elecciones de 2024 en Venezuela.

Detención y condiciones en El Helicoide

Alfredo Díaz fue arrestado el 24 de noviembre de 2024 por agentes de seguridad cuando viajaba en autobús por el estado Portuguesa, supuestamente con la intención de salir del país hacia Colombia. Su detención ocurrió pocos días después de las controvertidas elecciones presidenciales de 2024, cuyos resultados fueron ampliamente cuestionados por la oposición. De acuerdo con el testimonio de sus allegados, Díaz había criticado públicamente la crisis eléctrica que afectaba a Nueva Esparta y la falta de transparencia en el proceso electoral, lo que habría desencadenado represalias en su contra.

Tras su arresto, permaneció incomunicado durante varios días, sin acceso a sus familiares ni abogados. Organismos como Amnistía Internacional calificaron su encarcelamiento como “detención arbitraria por su perfil político”, denunciando que fue víctima de desaparición forzada durante los primeros cuatro días de custodia. Posteriormente, Díaz fue trasladado a la cárcel de El Helicoide en Caracas. Este centro, originalmente un edificio gubernamental, es utilizado como sede del Sebin y ha sido reiteradamente señalado por organizaciones de derechos humanos y la ONU como un lugar de torturas sistemáticas, tratos crueles y aislamiento prolongado de presos, en especial contra disidentes políticos.

Según distintas fuentes de la oposición, a Alfredo Díaz se le imputaron cargos de “incitación al odio” y “terrorismo”, entre otros, aunque su defensa y ONGs como Foro Penal sostienen que dichas acusaciones fueron fabricadas con motivaciones políticas para justificar su detención. Durante su reclusión de más de 12 meses, Díaz estuvo prácticamente aislado: apenas se le permitió una visita familiar –la de su hija– en todo ese tiempo. Su situación de salud se habría deteriorado en prisión; compañeros de causa aseguran que solicitó atención médica urgente en repetidas ocasiones debido a dolencias que lo aquejaban, pero esas peticiones no fueron atendidas oportunamente. La madrugada del 6 de diciembre, Díaz habría sufrido complicaciones graves de salud en su celda y falleció antes de poder recibir ayuda médica, de acuerdo con las versiones difundidas por sus familiares y activistas.

Reacciones y denuncias internacionales

El fallecimiento de Alfredo Díaz ha generado eco en la comunidad internacional de derechos humanos, dada la gravedad de las denuncias. Amnistía Internacional, a través de su dirección regional para las Américas, ya había advertido semanas atrás sobre las condiciones de detención de Díaz, considerándolo un preso de conciencia detenido injustamente. Tras conocerse su muerte, numerosas voces en el exterior han expresado su preocupación. Organizaciones como Foro Penal y PROVEA (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) condenaron el hecho y lo calificaron como otra prueba de los abusos sistemáticos en las cárceles venezolanas. “Condenamos una nueva muerte, bajo custodia del Estado, de un preso político”, señaló PROVEA en un mensaje en X, instando a que se investigue el caso de forma independiente.

Desde el exilio, activistas venezolanos y representantes de la diáspora han iniciado campañas para visibilizar internacionalmente lo ocurrido con Díaz. Se espera que su caso sea presentado ante organismos multilaterales. Instancias como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas han seguido de cerca la situación de los presos políticos en Venezuela; de hecho, una Misión de la ONU informó este año sobre un recrudecimiento de la persecución política tras las elecciones de 2024, documentando detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia. La muerte de Alfredo Díaz, sostienen defensores de derechos humanos, encaja en ese patrón denunciado internacionalmente y podría incrementar la presión externa sobre el gobierno de Maduro para que rinda cuentas.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han ofrecido una versión oficial sobre las circunstancias del deceso de Alfredo Díaz. El silencio gubernamental, sumado a la negativa previa de otorgar atención médica, ha alimentado las acusaciones de negligencia criminal por parte del régimen. Diversos portavoces opositores han indicado que llevarán este caso ante tribunales internacionales y cortes de derechos humanos, buscando justicia y para que se establezcan responsabilidades.

¿Quién era Alfredo Díaz?

Alfredo José Díaz Figueroa, nacido el 3 de agosto de 1969 en Porlamar (Nueva Esparta), fue un político venezolano de dilatada trayectoria en la oposición. Miembro del partido Acción Democrática (AD), dedicó más de tres décadas al servicio público en su estado natal. Inició su carrera política como concejal del municipio Mariño en 1995, llegando a presidir el concejo municipal en varias oportunidades. Posteriormente fue electo alcalde del municipio Mariño (Porlamar) en 2008 y reelegido en 2013, ganándose el reconocimiento local por su gestión cercana a las comunidades.

En el año 2017, en medio de un clima político convulso en Venezuela, Alfredo Díaz logró un triunfo emblemático para la oposición al ser elegido gobernador del estado Nueva Esparta (que comprende las islas de Margarita, Coche y Cubagua). Ocupó la gobernación hasta finales de 2021, período durante el cual mantuvo una postura crítica frente al gobierno central de Nicolás Maduro, especialmente denunciando el abandono en el suministro de servicios básicos a las islas y defendiendo la autonomía regional. Aliados y adversarios lo describían como un dirigente moderado y dialogante, muy arraigado en su comunidad y comprometido con los valores democráticos.

Tras dejar la gobernación, Díaz continuó activo en la política opositora y se integró en la Plataforma Unitaria Democrática, participando en la coordinación de campañas y en las manifestaciones que buscaban un cambio político en el país. Su detención en noviembre de 2024 sorprendió a sus seguidores y marcó el inicio de un prolongado calvario legal y personal. Durante los 13 meses que permaneció tras las rejas, su madre falleció y él no pudo asistir a las exequias, una carga emocional que, según sus allegados, lo afectó profundamente en prisión.

La muerte de Alfredo Díaz en custodia del Estado eleva la cifra de presos políticos fallecidos bajo detención en Venezuela en años recientes. Diversas organizaciones han documentado más de una veintena de casos similares desde 2015, en los que opositores detenidos perdieron la vida sin que se establecieran responsabilidades claras. El caso de Díaz se suma a esa lista trágica y vuelve a encender las alarmas sobre la situación de los derechos humanos en el país. Familias, activistas y líderes opositores claman por verdad y justicia: exigen una investigación independiente que esclarezca las causas de su muerte y que se depuren responsabilidades dentro del sistema penitenciario venezolano. En palabras de un comunicado opositor, “Alfredo Díaz murió siendo inocente, bajo la absoluta responsabilidad del Estado venezolano, en una celda que jamás debió conocer”. La expectativa ahora se centra en la respuesta –o ausencia de ella– por parte del gobierno de Maduro y en las acciones que la comunidad internacional esté dispuesta a emprender ante este nuevo episodio que enluta a la disidencia venezolana.