La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha puesto en marcha un nuevo plan de choque para intensificar el control sobre el uso fraudulento de contratos temporales y fijos discontinuos. El operativo revisa cerca de 80.000 relaciones laborales y supone una de las actuaciones más amplias de los últimos años en materia de estabilización del empleo.
El organismo ha enviado más de 37.000 cartas a empresas donde se han identificado indicios de uso irregular de estas modalidades contractuales. Las comunicaciones representan el primer paso del procedimiento sancionador y otorgan a las compañías un plazo de un mes para revisar los contratos afectados y, en su caso, convertirlos de manera voluntaria en indefinidos ordinarios. Transcurrido ese periodo, si no se acredita la corrección o la transformación, la Inspección iniciará actuaciones formales, incluidas visitas presenciales.
El plan pone el foco en 77.210 contratos sospechosos:
- 27.096 correspondientes a trabajadores con contrato fijo discontinuo, cuya actividad sería en realidad continuada o no ajustada a la estacionalidad que exige esta modalidad.
- 50.114 contratos temporales que podrían estar ocupando puestos de carácter estructural, incumpliendo las condiciones fijadas por la normativa laboral.
El alcance de esta campaña supone un incremento muy significativo respecto a planes anteriores, con más del doble de contratos revisados y más de un centenar por ciento más de empresas afectadas. El objetivo es detectar y corregir situaciones en las que la temporalidad encubra necesidades permanentes de plantilla.
Las sanciones por fraude en contratación pueden oscilar entre 1.000 y 10.000 euros por trabajador afectado, ya que la normativa actual establece que las multas se aplican de forma individual y no de manera global por empresa. Además, la conversión posterior del contrato puede implicar diferencias en cotizaciones que deberán regularizarse.
Los planes de choque de los últimos años ya han mostrado un impacto notable. A lo largo de 2024, la Inspección consiguió que las empresas transformaran más de 77.000 contratos temporales en indefinidos y casi 90.000 fijos discontinuos irregulares en indefinidos ordinarios. En esa campaña se revisaron más de 300.000 contratos, aunque solo una parte terminó en procedimiento sancionador, ya que la mayoría de empresas optó por regularizar voluntariamente tras recibir las cartas informativas.
Este nuevo impulso se enmarca en el Plan Estratégico 2025-2027 de la Inspección de Trabajo, que refuerza la lucha contra la temporalidad fraudulenta como prioridad absoluta. La estrategia sigue la línea marcada tras la reforma laboral de 2022, que consolidó el contrato indefinido como modalidad ordinaria y limitó de manera estricta el uso del contrato temporal y el fijo discontinuo fuera de los supuestos legalmente previstos.
Las comunidades con mayor volumen de casos en campañas anteriores continúan siendo Andalucía, la Comunidad de Madrid y Cataluña, debido a su peso en el mercado laboral y a la tradicional presencia de sectores con alta temporalidad.
Además del control sobre los contratos temporales y discontinuos, la Inspección está reforzando la vigilancia sobre el uso indebido del periodo de prueba en contratos indefinidos, tras detectar prácticas empresariales que podrían reproducir, de forma encubierta, el antiguo contrato temporal. También se han programado actuaciones dirigidas a garantizar el derecho al descanso, el cumplimiento de los límites de jornada y la correcta utilización del registro horario digital, cuya regulación se actualizará próximamente.
Con este nuevo plan, la Inspección pretende consolidar los avances logrados en la reducción de la temporalidad y avanzar hacia un mercado laboral más estable y conforme a la legalidad, reforzando la protección de los trabajadores y la competencia leal entre empresas.
