La Agencia Tributaria ha desmantelado una macrotrama de fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, operativa en todo el territorio nacional, a la que se atribuye un fraude de más de 300 millones de euros solo en el año 2024. Se trata de una estructura de 38 sociedades interconectadas, considerada ya como una de las dos mayores tramas de IVA descubiertas hasta la fecha en España en este ámbito.

Operación Pamplinas Stars: Desmantelamiento de la red
La desarticulación de esta red se llevó a cabo mediante la operación “Pamplinas Stars”, que contó con la participación de más de 160 funcionarios de la Agencia Tributaria y abarcó 18 registros realizados en 12 localidades de 7 provincias distintas. En el operativo se detuvo a cinco personas identificadas como responsables de la organización criminal –incluido uno de sus líderes, que ya ha ingresado en prisión– acusadas de delitos contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
Entre los bienes intervenidos durante la operación se encuentran:
- 42 inmuebles (propiedades inmobiliarias)
- 82 vehículos
- 2 embarcaciones (yates o barcos)
- Cientos de cuentas bancarias bloqueadas
- Criptoactivos incautados
- Gran cantidad de efectivo (dinero en metálico)
- 2 obras de arte
- 64 artículos de lujo (relojes, bolsos, etc.)
- 180 kilos de metales preciosos (oro, plata y otros)
Estos bienes, de muy alto valor económico, fueron embargados como parte de las actuaciones de la Agencia Tributaria.
Investigación inicial y modus operandi del fraude
La investigación se inició a mediados de 2024, cuando la Agencia Tributaria detectó el posible fraude de un operador mayorista que había empezado a vender grandes cantidades de hidrocarburo a finales de 2023. En ese momento aún no había entrado en vigor la reforma normativa (vigente desde enero de 2025) que obliga a las empresas inscritas en el Registro de Extractores de Hidrocarburos (Redef) a presentar declaraciones mensuales de IVA y a incorporarse al Sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) de facturación.
Aprovechando la regulación anterior, esta primera operadora presentaba solo declaraciones trimestrales de IVA y únicamente tenía la obligación de identificar a sus clientes y proveedores ante Hacienda con carácter anual. Este esquema le permitió declarar cuotas de IVA repercutido muy por debajo de las ventas reales, al tiempo que declaraba cuotas de IVA soportado muy por encima de las reales, reduciendo artificialmente su pago neto del impuesto. La investigación reveló, además, que la operadora operaba a través de empresas instrumentales: eran estas sociedades pantalla las que figuraban formalmente emitiendo las facturas a los clientes finales por el combustible, ocultando así al verdadero vendedor inicial.
Evolución de la trama: tres operadoras sucesivas
La Agencia fue expulsando del mercado a cada operadora fraudulenta conforme identificaba la actividad ilícita, frenando así los intentos de la trama por perpetuar el fraude. En total se identificaron tres empresas operadoras principales que se sucedieron en la defraudación:
- Primera operadora (finales de 2023 – mediados de 2024): inició las ventas de carburante fraudulentas a finales de 2023, aprovechando el vacío normativo descrito. Fue dada de baja del Redef a mediados de 2024 cuando la Agencia Tributaria descubrió su esquema de fraude.
- Segunda operadora (octubre – noviembre de 2024): comenzó a operar tras la caída de la primera. En aproximadamente un mes de actividad (entre octubre y noviembre de 2024) llegó a defraudar unos 123 millones de euros, antes de ser igualmente detectada y dada de baja del registro por Hacienda.
- Tercera operadora (diciembre de 2024): hasta entonces se había dedicado a la venta dentro de depósito fiscal (es decir, antes de devengar impuestos). Inició su actividad fraudulenta a mediados de diciembre de 2024 y, apenas cinco días después, fue descubierta y expulsada del Redef por la Agencia.
Todas las tres empresas fueron inhabilitadas para operar como mayoristas de hidrocarburos y expulsadas del mercado, cortando así la continuidad del fraude.
Estructura criminal y destino de los fondos
Tras neutralizar a las operadoras directas, la investigación —dirigida por el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción— continuó para desentrañar la estructura completa de la organización. Finalmente se destapó una “vasta y compleja” red de 38 sociedades, diseñada con una doble finalidad: por un lado defraudar el IVA repercutido no ingresándolo al fisco, y por otro trasladar al extranjero los fondos obtenidos con el fraude para dificultar su trazabilidad.
La organización criminal contaba con una amplia red de testaferros (prestanombres) y con la colaboración de asesorías legales para facilitar sus actividades ilícitas. Además, parte de los fondos obtenidos mediante el fraude se reinvertían en la compra de nuevas sociedades ya inscritas en el Redef, con el fin de dar continuidad al esquema defraudatorio una vez que las operadoras previas eran dadas de baja.
Gracias a esta mecánica, la trama lograba aumentar rápidamente sus ventas de combustible a precios muy competitivos (al ahorrarse el IVA no pagado) y expandir su operativa por todo el país. De este modo, el impacto del fraude en las arcas públicas, así como la distorsión de la competencia en el sector, se concentraban en un breve período de tiempo de funcionamiento efectivo de la organización.