La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes, con un único voto en contra, una ley que obliga al Departamento de Justicia a desclasificar los documentos vinculados al caso de Jeffrey Epstein. La iniciativa pasa ahora al Senado y, de superar ese trámite, el presidente ha prometido firmarla. El resultado constituye un golpe político para la Casa Blanca tras meses de resistencia a la divulgación y un giro estratégico del propio presidente, que el domingo dio luz verde a los legisladores republicanos para votar a favor pese a no ordenar por sí mismo la publicación.

Epstein y Trump, Florida en 1997. Davidoff Studios (Getty Images)

Un apoyo casi unánime y un solo disenso
El respaldo fue prácticamente total en la Cámara, con la única oposición del republicano Clay Higgins, cercano al presidente. El cambio de paso en el bloque oficialista se explica por el cálculo político: la presión pública y el coste de sostener la opacidad en un asunto de alto impacto terminaron pesando más que la disciplina interna. Aun así, el Ejecutivo conserva margen: podría haber publicado los documentos sin esperar al Congreso y no lo hizo.

Qué se votó y qué alcance tiene
La norma ordena desclasificar los materiales oficiales sobre el entramado de abusos y tráfico sexual asociado a Epstein. Más allá del contenido concreto de los archivos, el movimiento tiene una lectura institucional: el Congreso convierte en mandato legal una transparencia que el Ejecutivo venía eludiendo. En paralelo, el Comité de Supervisión de la Cámara ha venido recibiendo decenas de miles de páginas mediante requerimientos, lo que refuerza la capacidad del Legislativo para fiscalizar al Gobierno.

El papel del liderazgo republicano en la Cámara
El presidente de la Cámara, Mike Johnson, había retrasado el proceso manteniendo un largo receso en plena crisis presupuestaria. Cuando el apoyo bipartidista fue incontestable, abrió el voto pero advirtió “deficiencias” en el texto: a su juicio, faltan salvaguardas para proteger la identidad de las víctimas y evitar daños a terceros no acusados. Johnson anticipó que el Senado podría introducir enmiendas con ese objetivo. No es solo una objeción técnica: también busca acotar el alcance político de la divulgación para minimizar costes reputacionales dentro del propio entorno republicano.

El Senado entra en escena
El líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, John Thune, se comprometió a mover la ley con rapidez, incluso sin tocar el texto. Si el Senado decidiera enmendarlo, la tramitación se alargaría al tener que regresar a la Cámara. La ecuación es clara: vía rápida implica publicación más cercana y menos margen para el Ejecutivo; abrir el melón de las enmiendas prolonga el calendario y ofrece más espacio a quienes quieren modular —o retrasar— la exposición de nombres y responsabilidades.

Bipartidismo con fisuras internas
La iniciativa nació de una alianza poco habitual entre el demócrata Ro Khanna y el republicano Thomas Massie, y sumó el apoyo de todas las bancadas demócratas y de un grupo de republicanos —entre ellos Lauren Boebert, Nancy Mace y Marjorie Taylor Greene— que rompieron filas con la Casa Blanca. Ese alineamiento revela que la transparencia en el caso Epstein ha desbordado la lógica partidista tradicional y ha abierto grietas en el frente republicano cuando el coste de bloquear la luz supera los beneficios de la lealtad.

La estrategia del Ejecutivo: el refugio de las investigaciones en curso
Otro foco del pulso se juega fuera del hemiciclo. La fiscal general, Pam Bondi, se resistió durante meses a liberar los archivos pese a promesas previas, y el Ejecutivo podría intentar ampararse en nuevas pesquisas para limitar lo que se publique. La ley de Estados Unidos impide difundir materiales de sumarios vivos; activar investigaciones selectivas permitiría alegar que ciertos documentos no pueden salir a la luz. Es la encrucijada clásica entre las prerrogativas del Ejecutivo y la potestad del Congreso para imponer transparencia.

Lo que viene ahora
Si el Senado aprueba el proyecto sin cambios, el Departamento de Justicia quedará obligado a proceder con la desclasificación. El modo y el ritmo de esa divulgación medirán la relación de fuerzas entre Congreso y Casa Blanca en uno de los asuntos más sensibles de la legislatura. Si, en cambio, la Cámara Alta introduce enmiendas, se abrirá una negociación que puede prolongar el proceso y dar oxígeno a quienes buscan poner límites a la exposición pública de los papeles de Epstein. En cualquier caso, el mensaje político que sale de la Cámara es inequívoco: en este caso, la transparencia ya no es una opción, sino un mandato.