La aprobación definitiva del proceso de regularización extraordinaria polariza la esfera parlamentaria. Mientras Sumar y Podemos reivindican el avance en derechos sociales, las formaciones conservadoras anuncian recursos ante los tribunales y las instituciones europeas.
La luz verde del Consejo de Ministros a la regularización administrativa extraordinaria ha dinamitado cualquier atisbo de consenso en materia migratoria. La medida, que inicialmente logró arrancar su tramitación parlamentaria (vía Iniciativa Legislativa Popular) gracias a la abstención del Partido Popular, ha terminado por consolidar dos frentes radicalmente opuestos en el hemiciclo.
La entrada en vigor de este Real Decreto abre ahora un doble escenario: el complejo reto burocrático en las oficinas de extranjería y una inminente judicialización de la norma impulsada por la oposición.
La izquierda exige recursos para evitar el colapso
Desde los partidos que sustentan el Gobierno y sus aliados, la lectura es de victoria, aunque con matices y advertencias sobre la ejecución técnica del proceso, que se calcula podría impactar a más de 500.000 personas.
- Sumar: Su portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, ha instado a desplegar todos los recursos necesarios para que la norma sea efectiva. La formación teme que la falta de personal y la amenaza de huelga en las oficinas de extranjería generen «cuellos de botella» que frustren las solicitudes. Además, han reprochado al PP y a Vox su cambio de postura, acusándoles de alimentar «bulos».
- Podemos: Ione Belarra, líder de la formación morada, ha calificado la jornada como un triunfo de la «justicia social», atribuyéndose parte del éxito en las negociaciones junto a las entidades sociales. Sin embargo, no ha ocultado sus críticas hacia el endurecimiento de los requisitos de antecedentes penales —sugeridos por el Consejo de Estado—, advirtiendo que la dificultad para obtener estos certificados en ciertos países de origen podría dejar a muchos solicitantes en un limbo legal. Sí ha aplaudido, en cambio, la flexibilización de los criterios para demostrar vulnerabilidad.
Apoyo pragmático desde el País Vasco
En una línea menos beligerante y más técnica, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha dado su visto bueno a la medida. A través de María Ubarretxena, portavoz del Gobierno vasco, se ha valorado el decreto como un paso esencial para dar visibilidad y estabilidad a miles de ciudadanos que ya residen y trabajan en la comunidad. El Ejecutivo autonómico ha adelantado la creación de una guía informativa para los beneficiarios, aunque ha aprovechado para exigir al Gobierno central un modelo migratorio de carácter estructural y no solo parches temporales.
La ofensiva conservadora: Del Congreso a los tribunales
En el extremo opuesto, la derecha ha cerrado filas en un rechazo absoluto a la regularización, prometiendo una batalla sin tregua en todos los frentes posibles.
- El giro del Partido Popular: Los populares han dejado atrás la abstención inicial y prometen utilizar todos los «instrumentos políticos, parlamentarios y jurídicos» a su alcance. Alma Ezcurra, vicesecretaria del partido, ha tildado la regularización de «sinsentido» y «barbaridad», asegurando que elevarán sus protestas y acciones legales tanto a nivel nacional como ante las instituciones de la Unión Europea.
- Vox confirma el recurso al Supremo: El partido de Santiago Abascal ha sido el más contundente en sus acciones. Pepa Millán, su portavoz en el Congreso, ha criticado el uso de la figura del Real Decreto para una medida que, según afirma, carece del consenso social necesario y es «sumamente lesiva» para los intereses nacionales, confirmando que la formación recurrirá el texto ante el Tribunal Supremo.
